Como ya se sabe, este es un país esencialmente goyesco, de escasos libres pensadores y con una querencia irreductible a ser del Madrid o del Barca en cualquier ámbito de la vida nacional. Hay pocas terceras vías auténticas y por ello manejamos el hecho de la imputación según nos conviene. A los ideólogos de la llamada nueva izquierda, de contenido tan viejo, la verdad, salvo por la telegenia, les choca que se impute a cargos públicos de su cuadrilla y se establece una doble vara de medir según el tipo de delito objeto de la imputación. Cuando uno se cree con superioridad ética, lo que el burgo llama “estar en posesión de la verdad”, los delitos se justifican por la libertad de expresión, de manifestación, y otras invocaciones a una especie de corpus de derechos y libertades trascendentes con independencia de lo que el código penal tipifique. A los apóstoles de los derechos e intereses de la gente, ese mantra que se repite y que nos recuerdan al cañamazo ideológico del nacionalismo decimonónico, no les gusta lo que la soberanía popular mediante su representación parlamentaria dicta.
Y lo triste de esto, como ocurre cuando se trata de los ERES, o de políticos populares por otro lado, es que el resultado último es el descrito por el sistema judicial. Cuando cualquier político o vocero en tertulia televisiva se le llena la boca de respeto a la independencia judicial y a la separación de poderes, por lo general, debemos desconfiar. Porque en esto, como ocurre, en el fútbol con los árbitros, sólo se respeta la honorabilidad de los trencillas o de los jueces cuando hemos ganado el partido. Sólo hay que leer entre líneas las escasas ironías cuando se hacen comparaciones entre unos procesos u otros, sobre la celeridad en unas causas y no otras, o sobre la condición subjetiva u otros imputados. Confiemos en que haya cordura con que el famoso pacto nacional sobre la corrupción tenga una auténtica línea roja: si un político es imputado, esto es, un juzgado ha dado verosimilitud a la denuncia de un hecho con apariencia delictiva, los representantes públicos se aparten a un lado cueste lo que cueste. Y si no que se dediquen a las labores privadas de las que todos dicen sacrificar por el bien público. O si no, para que no pase lo del ínclito alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, que de tanto denunciar el cachondeo de la Justicia ha acabado cumpliendo condena penal. Paradojas de quien censura el sistema pero éste, de manera independiente, libre y paciente, sólo analiza hechos y no golpes de pecho.