La Ley de Movilidad Sostenible aprobada en el Congreso in extremis y gracias a la abstención del grupo parlamentario Podemos abre la llave a una de las grandes reivindicaciones de los últimos tiempos de las empresas de renting, esto es, una efectiva concienciación —vía práctica— de modelos palpables de movilidad ecológica dentro del ecosistema de la gran empresa.
Como han constatado a Fleet People en múltiples ocasiones ejecutivos como Manuel Burdiel, de la empresa Arval, la no aprobación de esta medida podía suponer un hándicap muy importante en la hora de evaluar los parámetros de sostenibilidad a futuro de las compañías que utilizan vehículos de renting, por ejemplo, ya que apenas quedan dos o menos renovaciones de flota hasta que Bruselas deje de lado, de modo definitivo, a las tecnologías de combustión tradicionales.
Lo que se sabe desde ya, y concretamente desde ayer, es que las compañías que cuenten cona nómina de más de 200 trabajadores o cien por turno —en principio eran las de más de 500, las grandes multinacionales— se tienen que poner las pilas para estructurar planes de movilidad sostenible dentro de sus ecosistemas. Para ello tienen, desde ahora, un plazo de 24 meses con el fin de ponerlos en marcha.
En esa nueva ecuación entrarán de lleno opciones como las bicicletas eléctricas corporativas, un elemento para el que el sector del renting se ha preparado desde hace tiempo, o el propio carsharing de empresa con vehículos ecológicos, otro elemento que gusta entre los empleados de las empresas, especialmente en el ámbito de los departamentos comerciales y de los trayectos cortos en la ciudad.
No hay que olvidar que estos planes de movilidad incluyen también propuestas relacionadas con el transporte público y con, siempre que sea posible, los desplazamientos in itinere a pie.
En línea con todas estas medidas que impliquen movilidad sobre ruedas, además, establece la nueva normativa que deben crearse suficientes puntos de recarga eléctrica para abastecer la demanda extra que provocarán en las empresas. Tampoco hay que dejar de lado en este apartado que el desarrollo de los puntos de carga en nuestro país no está lastrado por la empresa privada, sino por la excesiva burocracia de la Administración Pública, que ha provocado una lista larga de espera en la hora de aprobar nuevas estaciones o postes, tal y como viene denunciando el sector de automoción desde hace años ya.
Otro elemento interesante es la potencial creación de la figura del gestor de movilidad para los centros de trabajo que expresa la Ley, si bien no obliga a ello.
Cambios en las etiquetas de los coches
Más allá de las implicaciones en flotas, la Ley de Movilidad Sostenible introduce también elementos que tocan de lado al renting, sí, pero cuyo objetivo esencial no es este. Por ejemplo, el cambio en la tipología de etiquetas medioambientales de los vehículos expedidas por la Dirección General de Tráfico.
La idea es que se cree un grupo de estudio entre Ministerios entre los que estarán incluidas las Comunidades Autónomas para, en el plazo máximo de un año, tal y como establece la Ley, se lleve a cabo un informe para cambiar el actual sistema de etiquetas, que no corresponde con los criterios medioambientales, según el Ejecutivo.
Este extremo ha sido mencionado también en varias ocasiones por varios fabricantes de coches eléctricos puros, como pueda ser el caso de Polestar, que ha criticado el hecho de que un vehículo híbrido enchufable, con una autonomía eléctrica de, digamos, un máximo de 150 kilómetros, sea equiparable en etiqueta —etiqueta CERO— a un vehículo cien por cien eléctrico, cosa que sucede en la actualidad.
De igual modo se buscaría eliminar el distintivo ECO a los vehículos que utilizan hibridación ligera, que no se trata sino de un pequeño motor que apenas hace la función de asistir el arranque en la mayoría de los casos, pero que al estar movido por electricidad cumple con la normativa para disponer de este tipo de etiqueta hoy.
Plan de Renovación Nacional del parque de vehículos
Igualmente menciona la nueva Ley de Sostenibilidad un apartado para revisar el estado del parque de vehículos español y revertir su vetustez, una de las más elevadas de la Unión Europea.
La entrada en vigor de la nueva Ley obligará a poner en marcha este plan de renovación nacional en un plazo de tres meses, lo que movilizará al sector para conseguir una propuesta de renovación con el punto de mira puesto en una electrificación, por ejemplo, ordenada y sensata.
“No hay nada más sostenible ni más social que apostar por planes de renovación
del parque bien diseñados, capaces de conjugar ambición medioambiental con la realidad económica de los ciudadanos y empresas”, aseguró ayer la patronal de los concesionarios de vehículos española, Faconauto, tras conocerse la aprobación de la Ley.
La idea que expresa el documento legal de la Ley de Movilidad Sostenible, cuyo redactado final, al que ha accedido Fleet People, se publicó el pasado 3 de octubre, se centra en establecer medidas “complementarias” a los actuales planes de incentivación de compra de vehículos eléctricos, “que contribuya a la renovación de vehículos de combustión antiguos por vehículos de cero o bajas emisiones”.
En este sentido, este plan perseguirá y “fijará como objetivo” la retirada y sustitución de vehículos con una mayor antigüedad y de cualquier tipología (camiones, autobuses, furgonetas, automóvil y motos), “por el riesgo que suponen para la seguridad vial y por su efecto contaminador”.
Además, y cuando se fijen los apoyos específicos de ayudas, no solo se podrán beneficiar de ellas los coches nuevos, sino “la adquisición de vehículos de ocasión o usados cuya motorización sea de Euro 6d”.
De modo adicional a estas medidas incluidas en la nueva Ley de Movilidad Sostenible, también podemos encontrar la vuelta de los trenes nocturnos con dirección Europa, que fueron eliminados en la pandemia, los descuentos adicionales en las tarifas de los autobuses que circulen entre las diferentes CCAA y la reducción en la frecuencia de uso de los vuelos de avión de duración corta, cuya viabilidad será puesta en duda siempre que exista una opción alternativa, por ejemplo ferroviaria.
