Francia ha cambiado de postura sobre las ayudas industriales europeas al automóvil y reclama ahora a Bruselas que el Reino Unido acceda a las subvenciones del sello Made in Europe, hasta hoy reservadas a los vehículos ensamblados en territorio comunitario.
París había sido uno de los principales valedores de las reglas de origen estrictas que la Comisión Europea incorporó en marzo al Industrial Accelerator Act, el paquete con el que Bruselas busca proteger sus industrias estratégicas de las importaciones, sobre todo chinas, y que todavía aguarda el visto bueno de los Estados miembros y del Parlamento Europeo.
El ministro francés de Comercio Exterior, Nicolas Forissier, ha pedido a Bruselas que afronte la cuestión británica y ha señalado a The Financial Times que «tendremos que aclarar este problema. No son parte de la UE, pero son vecinos muy cercanos. Por supuesto, están muy integrados, así que cómo lo resolvemos», ha indicado al diario británico.
La norma deja fuera dos políticas centrales para el sector, los incentivos a la electrificación de las flotas corporativas y un crédito específico para los vehículos eléctricos pequeños, dos partidas que el Reino Unido no podría aprovechar con el texto actual del borrador.
Nissan, uno de los grandes empleadores del automóvil británico, ya advirtió en su día de que cerraría su factoría principal de vehículos en Sunderland si la norma entra en vigor con la redacción vigente. De hecho, su advertencia ha movilizado al Gobierno británico, que presiona a la Comisión desde marzo para modificar la propuesta.
El ojo en las flotas
Países Bajos figura también entre los Estados miembros partidarios de incluir al Reino Unido en el régimen Made in Europe, y fabricantes alemanes como BMW respaldan flexibilizar la norma por su interés en proteger sus operaciones británicas, entre ellas la producción del Mini en Oxfordshire.
Bruselas concibió el Industrial Accelerator Act con un alcance amplio para la automoción, ya que afecta a las flotas corporativas, un segmento que supone el 60% del mercado europeo.
Esa norma deja que los países con un acuerdo de libre comercio con Bruselas, el Reino Unido entre ellos, opten a los contratos del sector público y cobren ayudas en los ámbitos relacionados con la tecnología limpia, la industria pesada y parte del automóvil, siempre que den el mismo trato a las empresas europeas.
Varios Estados miembros mantienen reservas porque consideran que ampliar la geografía de la Ley a Reino Unido debilitaría el objetivo de revitalizar la industria europea, una cautela que comparten miembros del Parlamento Europeo.
Ambas industrias intercambian cada año 80.000 millones de euros en automóvil, según datos de la patronal británica del sector.
