La Comisión Europea aprobó ayer una partida de 3.000 millones de euros en ayudas destinadas al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del vehículo eléctrico y conectado, que será financiado por el mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF).
Las ayudas, según un comunicado del Ejecutivo comunitario, servirán para apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), así como las medidas de protección del medio ambiente y de eficiencia energética de las empresas de la cadena de valor de los vehículos eléctricos y conectados.
De la misma forma, acelerarán la transición hacia una movilidad más sostenible y conectada, «sin distorsionar indebidamente la competencia».
El Perte del vehículo eléctrico y conectado, que se espera que su convocatoria sea publicada antes de fin de año, tiene una inversión prevista total de 24.000 millones para el periodo 2021-2023.
Así, contará con una contribución pública de 4.300 millones y el Gobierno prevé movilizar inversiones privadas por importe de 19.700 millones, con el objetivo crear el ecosistema necesario para la fabricación de vehículos eléctricos y conectados a la red y convertir a España en el ‘hub’ de Europa de electromovilidad.
Las ayudas, que se concederán mediante un proceso de selección competitivo y en forma de subvenciones directas y de préstamos preferentes en condiciones favorables, están abiertas a consorcios de empresas, establecidas tanto dentro como fuera de España. Cada consorcio incluirá empresas activas en distintos sectores relacionados con los vehículos eléctricos y conectados, y al menos el 40% de los socios deberán ser pequeñas y medianas empresas (pymes).
«Este plan español de 3.000 millones de euros contribuirá a hacer posible una cadena de valor innovadora y sostenible para los vehículos eléctricos, en consonancia con las normas sobre ayudas estatales y los objetivos del Pacto Verde Europeo», comentó la vicepresidenta comunitaria responsable de Competencia, Margrethe Vestager.
Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha calificado la autorización de la Comisión Europea como una «magnífica noticia» que ayudará a la recuperación digital y sostenible del sector.
«Este proyecto es una oportunidad histórica de convertir la fabricación del vehículo eléctrico y conectado en un proyecto tractor que refuerce la industria de automoción en todo el país», añadió.
La creación de empleo generada por el Perte, según los cálculos del Gobierno español, podría alcanzar los 140.000 puestos de trabajo y la contribución al PIB se situaría entre el 1% y el 1,7%. También esperan alcanzar en 2023 los 250.000 vehículos eléctricos matriculados y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga desplegados.
Por último, España se ha comprometido a realizar una evaluación a posteriori para valorar cómo se han utilizado estas ayudas.
