El fabricante francés Renault ha sellado con Volkswagen y Stellantis una alianza industrial para llevar a Bruselas una propuesta que obligaría a que el 70% de los vehículos vendidos en la Unión Europea incorpore al menos un 70% de contenido fabricado dentro del bloque.
Volkswagen y Stellantis llevaban meses en conversaciones para sumarse a otros fabricantes, y la adhesión de Renault convierte la iniciativa en representativa del 60% de la producción continental, respaldo con el que Bruselas difícilmente podrá ignorar la iniciativa.
Junto a ese umbral de contenido local, los tres han reclamado «un mecanismo que favorezca a los coches y a la industria europeos, que sea sencillo, fácil de aplicar y de controlar».
El 30% de la producción restante quedaría abierto a la fabricación fuera del bloque, proporción que los tres calificaron de «equitativa».
Toyota, Honda y Jaguar Land Rover han expresado ya su oposición al advertir de que ese marco geográfico excluiría componentes fabricados en Reino Unido, Japón y Turquía, argumento que han trasladado directamente al consumidor final al alertar de que esa exclusión encarecería los vehículos y frenaría la transición hacia la movilidad sostenible.
Honda ha sido la más explícita al respecto tras alertar del riesgo de adoptar «una definición excesivamente restrictiva» de lo que cuenta como fabricado en Europa.
Toyota y Jaguar Land Rover comparten esa posición y apuntan a que el umbral de contenido local acabe por elevar el precio del eléctrico precisamente cuando la industria más necesita reducirlo.
Plazo hasta 2030
El gran problema industrial europeo reside, no obstante, en la fractura que supone la producción de baterías para coches eléctricos, cuya cadena de suministro está dominada por empresas chinas.
Tanto Renault como VW y Stellanrtis han pedido que Europa retrase hasta 2030 la obligación de que dispongan de un elevado porcentaje de componentes locales.
Verkor y ACC, los dos fabricantes europeos de celdas con proyectos más avanzados, necesitarían ese aplazamiento para escalar su capacidad productiva sin depender de financiación pública adicional que todavía no tienen garantizada, han aseguardo en un comunicado las tres marcas de automóviles.
La denominada como Industrial Accelerator Act —la Ley de Aceleración Industrial— concede supercréditos a los fabricantes de vehículos eléctricos pequeños ensamblados en Europa.
Volkswagen, Stellantis y Renault han rechazado esa restricción y han pedido que los beneficios públicos se extiendan a todos los eléctricos, no solo a los de menor tamaño.
Hay que apuntar también que, tal y como está redactado el texto comunitario, los vehículos para flotas corporativas y los eléctricos pequeños deberán ensamblarse dentro de la UE para acceder a la contratación pública y a las ayudas estatales.
