La industria española del motor mantiene su estatus como verso suelto a pesar de su influencia

El verso suelto. El que no pega con nada de lo que tiene cerca. Así se puede definir al automóvil en los últimos tiempos de convulsión política, un sector que, a pesar de la importancia que tiene, en términos de impulso a la economía nacional, al empleo y al progreso del país, no se le está valorando de forma justa a la hora de tomar decisiones y de legislar con la vista puesta en el medio y en el largo plazo.

Decía Luis Eduardo Aute: Siempre fui dócil al ser reclamado/ para ser cauce de alguna quimera/ aunque ese cauce tal vez no sirviera/ para achicar todo el cieno estancado.  Esta estrofa de su canción Un verso suelto refleja qué está pasando en estos momentos con el sector del automóvil, que está en boca de muchos políticos a la hora de lanzar eslóganes y de anunciar medidas, pero que en pocas ocasiones es tenida en cuenta su opinión, Lo que pone de manifiesto que el cauce no es el adecuado, por el momento.

Lo que está sucediendo en la actualidad se podría definir con la frase ‘todo por el automóvil, pero sin el automóvil’. Un enunciado que describe la actitud de algunos políticos europeos, nacionales y regionales, que, con el fin de rascar algún voto, optan por tomar medidas poco estudiadas y que pueden poner en riesgo el presente y el futuro de la industria y la distribución de la automoción.

Vayamos con los datos: el automóvil aporta alrededor del 10% del PIB español. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los fabricantes de automóviles, motocicletas y componentes cerraron el año pasado con un superávit comercial de 4.532 millones de euros (-29%), y cerraron 2018 como el tercer sector exportador nacional, con 44.490 millones de euros (-1,5%), por detrás de bienes de equipo y de alimentación bebidas y tabaco. En términos de empleo, la automoción tampoco se queda corta, con 400.000 puestos de trabajo.

¿Cómo es posible entonces que no se tenga en cuenta al automóvil en la hora de legislar? Es la gran pregunta que hay que hacerse, pero a los últimos movimientos políticos presentados demuestran que el automóvil está siendo utilizado como un arma arrojadiza, un sector con el que se reúnen, pero que por el momento no ha conseguido plasmar negro sobre blanco sus exigencias y necesidades en un plan estructural a largo plazo.

Veremos si las negociaciones sobre el Acuerdo Estratégico de la Automoción llegan a buen puerto, con la firma de todas las partes implicadas, y se establece una hoja de ruta a seguir hasta 2025.

Para muestra, una prohibición

A pesar de que los esfuerzos del Gobierno, especialmente en la figura de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que se ha empeñado en impulsar el Acuerdo (con un plan de 2.686 millones de apoyo), existen, aun así, varios ejemplos, conocidos en fechas recientes, que muestran cómo se habla mucho de lo que necesita el sector pero sin tenerlo en cuenta en las medidas que se adoptan.

El más reciente fue la presentación in extremis, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que sigue poniendo el deadline en 2040 para que en España se dejen de vender vehículos que emitan dióxido de carbono (CO₂) con el objetivo de la descarbonización, apostando todo a la carta de la movilidad eléctrica.

Desde el sector sacan las uñas ante esta medida, al considerar que cualquier decisión que se tome tiene que apostar por la neutralidad tecnológica y que ya verán los fabricantes cómo se apañan para llegar a los objetivos.

En declaraciones a Fleet People, el vicepresidente ejecutivo de Anfac, Mario Armero, se muestra en contra de las prohibiciones a determinadas tecnologías y califica como “excesivas” las exigencias recogidas en dicho plan, al tiempo asegura que suponen ir “en contra” del principio de neutralidad tecnológica que defiende la Unión Europea. Además, alerta de las posibles implicaciones “económicas, laborales, sociales y de políticas de movilidad” que pueden tener.

“Estamos plenamente comprometidos con la descarbonización del parque automovilístico. Compartimos el objetivo europeo y consideramos que la mejor manera de llegar hasta él es a través de una estrategia sin prohibiciones, con objetivos de reducción de emisiones de CO₂ y contaminantes bajo el principio de neutralidad tecnológica, sin discriminar ni prohibir tecnologías”, sentencia.

Sobre este mismo tema, el presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), Lorenzo Vidal de la Peña, defiende que el Gobierno debe facilitar los medios adecuados en los tiempos necesarios, por lo que apunta que una progresiva reducción de vehículos de combustión debe ir vinculada a una estrategia diseñada hacia vehículos alternativos, con lo que se conseguiría el objetivo sin prohibir las tecnologías actuales, que, en su opinión, “son necesarias para reducir las emisiones de CO₂”.

En este sentido, Vidal de la Peña explica a Fleet People que lo que contamina no son los motores diésel o de gasolina de última generación, sino el vehículo antiguo, por lo que aboga por retirar de la circulación los vehículos más contaminantes y por facilitar el acceso a coches modernos con tecnologías más eficientes, “sin discriminar ninguna fuente de combustión actual”. En línea con estas demandas, el Gobierno ha mirado en todos los cajones de los ministerios y ha conseguido rescatar 45 millones de euros olvidados para lanzar antes del fin de la legislatura ayudas a la movilidad alternativa, recogidas en el Plan Moves, que, sin rechazarlo, desde el sector se ve como insuficiente.

Así, el director de Skoda en España, Fidel Jiménez de Parga, ha valorado de forma positiva esta medida, aunque subraya que no tendrá un gran impacto sobre el conjunto del mercado, asegurando que no son los “brotes verdes” que permitirán que las matriculaciones totales crezcan de forma significativa.

Elecciones, una nueva incógnita

Tras los movimientos que se han realizado desde el Gobierno actual, la reciente convocatoria de elecciones, el próximo 28 de abril, supone una nueva incógnita para el sector del automóvil, que ha visto desde el Gobierno de Pedro Sánchez se han mostrado muy dialogantes desde el primer momento.

No obstante, a la hora de la verdad este diálogo ha dado poco resultado, con anuncios que no han sentado bien al automóvil, como la subida de la fiscalidad al diésel, y que, incluso, llegaron a motivar un plantón de algunas asociaciones a la ministra Reyes Maroto en una reunión convocada de urgencia para dar explicaciones sobre la intención de vetar la venta de coches con emisiones desde 2040.

Con la apertura del período electoral se despliega también un amplio abanico de posibilidades para el automóvil, tanto para bien como para mal. Pedro Sánchez se apresuró en aprobar sobre la bocina las últimas medidas que pudo a través de Reales Decretos antes de que se disolviesen las cámaras.

Así, en un hipotético caso de que las Elecciones volvieran a permitir que Sánchez gobernase, tanto en solitario como a través de pactos (como es más probable), todas estas medidas ya estarían avanzadas y se mantendrían en la legislatura siguiente. Es decir, que seguirían adelante la subida al diésel o la previsión de finiquitar la movilidad de combustión desde 2040, aunque también el Plan Moves, con 45 millones de euros para movilidad eléctrica, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), con 1.000 millones de euros para el impulso de la movilidad eléctrica entre 2021 y 2025 y también el Acuerdo Estratégico, que, entre otras medidas, recoge una revisión de la fiscalidad y un plan de apoyo al sector dotado con casi 2.700 millones de euros entre 2019 y 2025.

En el apartado de peticiones al nuevo Gobierno, Lorenzo Vidal de la Peña le solicita “disposición, estabilidad y credibilidad”, de forma que sea un Ejecutivo “que crea en el sector, tanto en la industria como en la distribución y que sus planteamientos en cuanto a la transición energética sean “reales, responsables, coherentes, planificados y acertados”.

Continuidad en el tiempo

Por su parte, Armero afirma que la convocatoria de elecciones “tan temprana” implica la dificultad de llevar a cabo reformas que potencien la competitividad de las plantas españolas y que se pongan en marcha medidas de introducción en el mercado de vehículos alternativos que tengan continuidad en el tiempo.

“Nuestra petición al nuevo Gobierno es que tenga en cuenta a la industria como un sector referente en nuestro país, manteniendo el Ministerio de Industria, que valore el peso de la automoción dentro del PIB y que lleve a cabo medidas que impulsen la competitividad de las fábricas españolas, que fomenten la renovación del parque, que introduzcan una fiscalidad nueva para la automoción que incluya criterios medioambientales y que estimule la venta de vehículos de cero y bajas emisiones”, subraya el vicepresidente ejecutivo de Anfac.

Teniendo en cuenta los antecedentes del Gobierno actual de Sánchez, estaría reñido el resultado si se preguntase a los principales directivos de las asociaciones del sector y de las marcas sobre cuál sería el mejor resultado posible para el automóvil y para asegurar su futuro.

Hay muchos contras, pero también muchos pros. La próxima persona que ocupe La Moncloa deberá mantener un diálogo fluido con el sector, pero con la intención de que, al menos algunas de sus propuestas, se plasmen en las medidas a tomar, quién sabe si en el futuro mentado Acuerdo Estratégico del Sector de la Automoción.