Brasil ha incluido al fabricante chino de vehículos eléctricos BYD en su registro oficial de «empleadores declarados responsables de someter a trabajadores a condiciones equiparables a la esclavitud».
La decisión del ejecutivo carioca cierra de este modo el proceso administrativo incoado frente a BYD tras una inspección laboral efectuada en diciembre de 2024 en las instalaciones de su factoría de vehículos de Camaçarí, en el estado de Bahía.
La inclusión en este registro, conocido como «lista sucia» en Brasil, veta a partir de ahora y de facto a BYD el acceso a determinadas subvenciones y ventajas fiscales de la banca pública brasileña, si bien no ha afectado a la operativa de su única fábrica en el país, según ha informado Reuters.
El origen del caso se sitúa en una inspección sorpresa efectuada en la factoría del grupo chino, que detectó que 163 trabajadores chinos contratados a través de Jinjiang Group, empresa proveedora de BYD para la construcción de la planta, se encontraban en condiciones calificadas como degradantes.
De acuerdo con un contrato laboral revisado por Reuters, los trabajadores debían entregar sus pasaportes al empleador y percibían la mayor parte de su salario en China.
Además, abonaban un depósito de 900 dólares (826 euros al cambio actual) recuperable solo tras seis meses de trabajo.
La inspección detectó también situaciones de hacinamiento extremo, ya que hasta 31 trabajadores compartían una sola vivienda con un único baño, sin colchones y con alimentos almacenados en el suelo, de acuerdo con Reuters.
Cadena de responsabilidad
Las autoridades brasileñas sostienen de este modo que BYD se ha visto obligada a asumir la responsabilidad última sobre las condiciones laborales de los trabajadores vinculados a sus proyectos, «incluso cuando la contratación se realiza a través de terceros».
Jinjiang Group rechazó las acusaciones desde el inicio, mientras que Alexandre Baldy, vicepresidente sénior de BYD Brasil, declaró en su momento a Reuters que la compañía «no tuvo conocimiento» de las irregularidades hasta que los medios brasileños las publicaron a finales de noviembre de 2024.
Hay que recordar que el escándalo generó una repercusión internacional, también en China, y que provocó el retraso de la construcción de la planta durante varios meses.
En este sentido, y si bien BYD alcanzó un acuerdo con los fiscales laborales del país, la marca no formalizó un pacto equivalente con los inspectores de trabajo, lo que ha sido clave para su entrada en el registro y tras agotar todas las vías de recurso administrativo.
La normativa actual brasileña establece que las empresas permanecerán en el listado durante dos años, salvo una resolución judicial que determine su exclusión anticipada.
La instalación fabril de Camaçarí, en la que BYD invirtió 5.500 millones de reales (946 millones de euros), tiene capacidad para producir hasta 150.000 vehículos al año para los mercados latinoamericanos y ha superado ya las 25.000 unidades fabricadas desde su inauguración oficial en octubre de 2025.
La compañía fijó en marzo pasado un objetivo de ventas en Brasil de 250.000 unidades para este mismo ejercicio con el que aspira a obtener una cuota del 10% del mercado automovilístico del país.
La cotización de BYD ha crecido un 3,17% desde el inicio del ejercicio actual, tras arrancar en 98,11 yenes en la Bolsa de Shenzhen (12,23 euros) y respecto del cierre de ayer a 101,22 yenes.
