No hay peor diagnóstico posible para un deportista de élite, y no digamos si se dedica a la práctica del balompié, que una triada, que implica la rotura del ligamento cruzado anterior, del colateral interno y del menisco interno de la rodilla. De ahí a la retirada dista un paso, generalmente.
Esperemos que el universo de la movilidad y las empresas que la rodean no tengan que salir por patas cuando entre en funcionamiento la temida triada del automóvil que se avecina la vuelta de la esquina.
En primer lugar, la Ley de Movilidad Sostenible que, si no ocurre nada raro y después de un arduo trámite parlamentario está —potencialmente— a punto de tramitarse.
Esta norma introduce el concepto del registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, lo que en la práctica significará que las empresas con más de 250 empleados, que facturen más de 40 millones de euros anuales o que tengan activos superiores a 20 millones tendrán que cumplirla.
Según datos recabados por esta revista, en nuestro país existen censadas 5.950 empresas con más de 250 empleados, lo que se traduce en que tendrán que aportar constancia pública y fehaciente, cada año, de la huella de carbono integral de sus empleados.
Incluye, por supuesto, los desplazamientos diarios.
Una situación que implicará una mayor observancia en los modelos de movilidad actual de las empresas que, salvo excepciones, no está incorporando flotas realmente sostenibles a sus portfolios.
Más modernos, no más verdes
La tónica general de la gran empresa, según ha podido constatar Fleet People, se está centrando en adquirir vehículos de combustión interna modernos, lo que implica reducir el porcentaje de emisiones respecto de la flota previa y reportar una huella menor, aunque ello no implique incorporar vehículos eléctricos.
La segunda pata de la triada recae en la Directiva Europea CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, que en una línea similar (aquí es obligatoria si se cumplen dos de tres criterios: tener más de 250 empleados, ingresos de más de 40 millones y activos de más de 20) pero con calado continental obliga a todas las grandes empresas —y filiales de grandes empresas— a emitir informes periódicos sobre sus actividades de impacto ambiental y social a partir de 2025.
Esta norma ya está en vigor, pero para empresas cotizadas y multinacionales de mayor tamaño. A partir del próximo ejercicio, las empresas deberán calibrar los impactos y riesgos de su actividad económica en materia de sostenibilidad y presentar un informe oficial, una realidad de la que también parecen estar hoy alejadas las compañías españolas.
¿Y la tercera pata? Esta quizás afecte menos al entorno de movilidad en el que se mueven las empresas y sus surtidoras de vehículos, las firmas de renting, pero es muy, muy trascendente para la mano que mece la cuna: los fabricantes de automóviles. La normativa CAFE (Clean Air for Europe) impulsada por Bruselas establece para 2025 unas emisiones medias de dióxido de carbono para la gama de vehículos nuevos vendidos por cada fabricante en Europa de 93,6 gramos por kilómetro recorrido.
Actualmente, la cifra está fijada en 115,1 gramos por lo que, como ya han advertido las marcas, esta imposición les obligará a ‘inyectar’ más vehículos eléctricos en un mercado que actualmente no los está demandando y en detrimento de los diésel y gasolina modernos.
Esto repercutirá en el precio que pagan los clientes finales, ya sea el particular, la empresa en su flota o el proveedor de renting.
Todo para evitar las multimillonarias multas a las que se enfrenta la industria automovilística de no cumplir con los 93,6 gramos consabidos.
Se avecina un 2025 divertido.
