El Gobierno destinará un montante público de 1.488,2 millones de euros para electrificar flotas de vehículos profesionales utilizados por microempresas y por trabajadores autónomos en situación de vulnerabilidad, según el denominado como ‘Proyecto de Plan Social para el Clima’ (PSpC) que el Ejecutivo ha lanzado este lunes 25 de mayo a audiencia pública —hasta el 29 de junio— y que prevé remitir a la Comisión Europea antes del cierre de este mismo ejercicio para su aprobación definitiva.
Del importe total, un volumen de 846,2 millones se dirigirán a la renovación de flotas de vehículos pesados de microempresas vulnerables por unidades eléctricas, con ayudas que podrán cubrir hasta el cien por cien del sobrecoste y con la financiación añadida del achatarramiento de vehículos anteriores a 2020, mientras que los 642 millones de euros restantes se destinarán a la adquisición de vehículos eléctricos ligeros por parte de trabajadores autónomos y microempresas vulnerables, según han detallado los Ministerios adscritos al programa.
Con una dotación total de 9.099 millones de euros para el periodo 2026-2032, el Plan Social para el Clima ha sido catalogado por el Gobierno como un «instrumento de acompañamiento y protección estable» y está promovido en conjunto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS) y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MVAU), con el objetivo declarado por el Ejecutivo de «proteger de forma estable a los colectivos más vulnerables ante la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles».
La cofinanciación combinará la asignación a España del 10,52% de los recursos totales del Fondo Social para el Clima de la Unión Europea con una aportación nacional del 25% del presupuesto total del Plan, dentro de un Componente de Transporte dotado con 4.376 millones —el 48% del total del PSpC— que concentra 2.269,6 millones en el bloque específico de Descarbonización del Transporte por Carretera.
Hasta el 100% del sobrecoste
Hay que decir que los 846,2 millones que el Plan destina a la renovación de flotas de vehículos pesados se dirigirán en exclusiva a microempresas vulnerables, con una cobertura que el MITECO ha cifrado en «hasta el 100% de ese sobrecoste» entre un vehículo eléctrico y su equivalente de combustión y con la inclusión del achatarramiento de vehículos anteriores a 2020, modelos que, según el programa climático, «emiten siete veces más óxidos de nitrógeno (NOx) que una unidad nueva».
Esta partida supondrá una intensificación del programa de transformación sostenible de flotas pesadas que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mantenía en vigor dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con una dotación acumulada de 450 millones tras la ampliación de 50 millones aprobada en 2024, tras elevar tanto la intensidad de la ayuda como el horizonte temporal de las mismas hasta 2032.
En cuanto a los 642 millones del paquete destinados a vehículos ligeros, el Plan financiará la adquisición de turismos y furgonetas eléctricas a nombre de trabajadores autónomos y microempresas calificadas como vulnerables.
Hasta ahora, el marco estatal de ayudas a la movilidad eléctrica no contemplaba un canal específico para este tipo de colectivo con el epígrafe expreso asociado a la vulnerabilidad.
A diferencia del Plan Auto+ vigente desde enero de 2026, gestionado por el Ministerio de Industria y Turismo con una dotación de 400 millones para el ejercicio en curso y ayudas máximas de 4.500 euros para turismos y 5.000 euros para furgonetas eléctricas de todo tipo de comprador, esta partida del Plan Social para el Clima introducirá un canal con dotación mayor al Auto+ entero y, además, un periodo de aplicación que se extenderá durante más tiempo, hasta 2032.
Quién es beneficiario ‘vulnerable’
Es importante clarificar que la definición de microempresa vulnerable a efectos del Plan acota el espectro de beneficiarios directos a empresas de menos de 10 empleados y con menos de dos millones de euros de facturación anual y siempre que tengan «una elevada dependencia de combustibles fósiles en sus flotas».
En el caso de los trabajadores autónomos, beneficiarios de la partida de 642 millones destinada a vehículos eléctricos ligeros, el texto sometido a información pública no concreta de manera específica aún los criterios de elegibilidad específicos del colectivo, un desarrollo que previsiblemente quedará en manos del reglamento posterior que articule la ejecución del Plan.
Junto a las microempresas y a los autónomos, el Componente de Transporte del Plan incluye como beneficiarios a los usuarios de transporte vulnerables, definidos por el PSpC como aquellos «afectados por la falta de alternativas viables al vehículo privado de combustión», y orienta el resto del bloque presupuestario a la electrificación de flotas de transporte público urbano (381,4 millones) y al despliegue de puntos de recarga en instalaciones propias de las empresas (400 millones).
El sistema de seguimiento del Plan se extenderá hasta el 31 de julio de 2032, con desembolsos condicionados al cumplimiento de hitos y objetivos y medidas sujetas al principio europeo de «no causar un perjuicio significativo» al medio ambiente (DNSH), en términos que el MITECO ha concretado junto al MIVAU, el MITMS, las Comunidades Autónomas y las entidades locales para la ejecución de las inversiones.
