El Parlamento de Italia ha aprobado una reforma del código de circulación que incluirá próximamente nuevas disposiciones para el uso de patinetes eléctricos en las calles del país, y entre ellas la obligatoriedad de usar casco, disponer de seguro y respetar restricciones en ciertas zonas de circulación, además de incrementar las sanciones por aparcar de modo ilegal.
Así lo aprobó ayer la Cámara del Senado de Italia, tras ratificar la medida con 83 votos a favor y 47 en contra y calificar, en algunos momentos, el comprotamiento de determinados usuarios de patinetes eléctricos como «salvajes».
El aumento en el uso de patinetes eléctricos en Italia ha coincidido con un mayor número de accidentes y denuncias relacionadas con la falta de cumplimiento de normas de seguridad y estacionamiento, una situación que ya se ha producido en países como España, que también reguló su uso al respecto durante el año pasado.
En el caso de ciudades como París, esta eliminó el alquiler de patinetes eléctricos tras un referéndum en 2022, mientras que Madrid ha hecho lo mismo, sin referéndum, desde el pasado 1 de octubre, eliminando las concesiones a las tres empresas que gestionaban 6.000 patinetes en la ciudad.
El ministro de Transporte italiano, Matteo Salvini, dijo ayer que los vehículos deberán portar matrículas y no podrán circular por los carriles bici, las áreas peatonales ni por carreteras no urbanas, en línea con al normativa aplicable en España, por ejemplo, y según señala Reuters.
Datos del Instituto Nacional de Estadística (ISTAT) italiano señalan que los accidentes con lesiones que involucran patinetes eléctricos han alcanzado 3.365 casos en 2023 en el país, con 21 fallecidos, frente a los 2.929 incidentes con 16 muertes registrados en 2022.
Las empresas de alquiler han manifestado su desacuerdo con las nuevas restricciones, argumentando que sus vehículos ya cuentan con tecnología que reduce el riesgo de incidentes.
La reforma también introduce sanciones más estrictas por conducción bajo los efectos del alcohol o drogas y establece penas de hasta siete años de prisión para quienes abandonen animales en la vía pública si esto ocasiona accidentes.
