El Gobierno elevará los tipos impositivos sobre el consumo de diésel y de gasolina y creará un nuevo impuesto sobre el uso medio real del vehículo en sustitución de otras figuras fiscales actuales como el impuesto de matriculación.
Así se desprende del documento ‘España 2025. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo’ presentado este jueves por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que pone el foco en la importancia de garantizar la sustitución de los vehículos de combustión interna por modelos ‘cero emisiones’.
Para ello, sería necesario desarrollar una estrategia intersectorial que facilite la creación del ecosistema que requiere el automóvil eléctrico, fomentando su fabricación en España e impulsando la producción, reutilización y reciclaje de baterías; además de incrementar los puntos de recarga rápidos e incentivar la compra de estos coches.
También sería conveniente, según este informe del Gobierno recogido por Europa Press, elevar progresivamente los tipos impositivos sobre el consumo del diésel y de la gasolina hasta que ambos se equiparen al tipo impositivo medio de la gasolina en los ocho principales países de la Unión Europea.
Con el objetivo de ajustar la fiscalidad del transporte por carretera al uso real del vehículo, abordando la totalidad de impactos negativos generados y asegurando una mayor coherencia entre el tipo de modelo adquirido y las necesidades del servicio, el Ejecutivo propone pasar de las actuales figuras fiscales sobre la compra, la circulación y combustibles a un impuesto sobre el uso medio real del vehículo que tenga en cuenta sus características, tanto el peso como su potencia y sus emisiones.
En 2050, según el mismo documento, habrá menos vehículos privados y más vehículos compartidos en las carreteras españolas, así como más bicicletas y más transporte público. «La movilidad se verá transformada por la difusión del automóvil eléctrico, que será cada vez más económico y competitivo y que constituirá el grueso del parque móvil español a mediados de siglo», indica el Gobierno.
Asimismo, la llegada del vehículo autónomo incentivará esta tendencia, ayudando a reducir tanto las emisiones como el tráfico y liberando espacio público en las ciudades.
«Será relevante adaptar la fiscalidad a la nueva realidad del transporte para corregir sus externalidades negativas y establecer señales inequívocas que garanticen su descarbonización a largo plazo», recoge el texto, que asegura que el camión seguirá teniendo un rol «predominante» en el transporte terrestre de mercancías, al menos a corto plazo, dadas las ventajas que aún presenta frente al ferrocarril, que irá ganando competitividad.
En cuanto a la movilidad urbana y metropolitana, el Gobierno pone el foco en hacerla más sostenible e inclusiva, por lo que será necesario potenciar una Ley de Movilidad que desarrolle planes de movilidad urbana sostenible que consideren como ejes transversales la salud, la perspectiva de género y de edad, la mitigación y la adaptación al cambio climático o la educación y la concienciación, con el fin de impulsar cambios de comportamiento en lo relativo a la movilidad.
También se implantarán zonas de bajas emisiones en los centros de las ciudades y peajes urbanos con el objetivo de reducir la contaminación del aire y la contaminación acústica, así como la siniestralidad vial.
La optimización de la logística de reparto en el ámbito urbano podría llevarse a cabo estableciendo un marco normativo y de incentivos que promueva el uso de vehículos bajos en emisiones o creando ordenanzas sobre espacio mínimo de almacén y evitando actividades de reparto durante las horas de mayor congestión del tráfico.
Fomentar el uso del transporte público, mejorando la eficiencia en rutas y frecuencias mediante técnicas de inteligencia artificial o fomentar la movilidad activa con carriles bici también son otras de las iniciativas a llevar a cabo para la descarbonización de las ciudades.