La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha publicado una resolución con las cuantías actualizadas para 2022 de las indemnizaciones por daños a personas causados en accidente de tráfico, por la que estas se elevan un 2,5% este ejercicio.
Según ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos, las indemnizaciones se actualizan anualmente con efecto 1 de enero de cada año en el porcentaje del índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). «De acuerdo con lo previsto en la Ley, la revalorización para 2022 será de 2,5%», ha añadido.
El Ministerio de Asuntos Económicos ha apuntado que esta actualización se realiza teniendo en cuenta una revalorización adicional del 1,6% de las cuantías por daños y perjuicios para las víctimas de accidentes de tráfico correspondientes al año 2021, en línea con el complemento aprobado también para las pensiones para compensar la evolución del IPC, por lo que la revalorización total de 2021 será del 2,5%.
«Con las actualizaciones aprobados se garantiza el poder adquisitivo de las indemnizaciones a víctimas de accidentes de tráfico», ha defendido el departamento que dirige Nadia Calviño en un comunicado.
Los accidentes de tráfico
Por su parte, la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC) exigía que la actualización de las indemnizaciones para 2022 fuera del 4,13% y «no el 2,5% como pretende plantear el sector asegurador». «La Dirección General de Seguros debe proteger a los ciudadanos y las víctimas de los accidentes que deben tener los mismos derechos que han sido reconocidos a los pensionistas», manifestaba.
Recientemente, el Gobierno ha asegurado que el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia «no modifica el tratamiento tributario de las indemnizaciones que perciben las víctimas de accidentes de tráfico, que seguirán exentas en la misma medida y con las mismas condiciones que reconoce la normativa actual».
Esta aclaración llegaba después de que la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC) alertara de que en la Disposición final segunda de esa norma se incluye una modificación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que supondría «un grave impacto para los perjudicados por ese tipo de accidentes al gravar las indemnizaciones».
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