Los grupos del Partido Popular Europeo (PPE), de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) y los liberales de Renew Europe —juntos reúnen el 55,8% de los escaños del Parlamento Europeo— han pactado una posición común para que los países de la Unión Europea no tengan que cumplir las cuotas obligatorias de eléctricos en las flotas de las grandes empresas.
Así lo ha asegurado Jens Gieseke, eurodiputado del PPE y presidente de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, tras declarar al medio de comunicación alemán Automobilwoche que se ha alcanzado «un buen compromiso» entre los en materia de flotas corporativas con una fórmula que, a su juicio, librará a las grandes empresas de renting y a los gestores de flotas de «cargas financieras» importantes.
«Para las flotas corporativas, hemos encontrado un buen acuerdo con los otros grupos que protegerá a los operadores del sector de cargas financieras demasiado grandes», ha asegurado el político .
Automobilwoche atribuye, además, la información a representantes de los tres grupos, que habrían formado al respecto una «Plataforma de Centro» en la Eurocámara con la suma de las posiciones de conservadores, socialistas y liberales y que juntos reúnen 401 de los 719 escaños de la Cámara, según el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, por encima de la mayoría absoluta de 361.
Con el acuerdo, los objetivos que la Comisión Europea propuso como obligatorios para cada Estado quedarán reclasificados como compromisos aspiracionales, es decir, voluntarios, y los países no afrontarían sanciones por incumplirlos, según apunta el medio alemán.
En su propuesta del 16 de diciembre del año pasado, la Comisión fijaba para España un mínimo del 55% de matriculaciones de turismos y SUV de cero y bajas emisiones y otro del 36% reservado a los de cero emisiones a partir de 2030, y subía esas cifras al 76% y al 64% en 2035, de acuerdo con las tablas del anexo de la norma.
El PPE pedía borrar los objetivos
Hay que recordar que durante estos últimos meses se ha producido una enorme batalla en el seno de la Comisión Europea por la normativa sobre matriculaciones electrificadas mínimas para flotas, ya que las ventas de automóviles a nombre4 de sociedad representan el 60% de las matriculaciones anuales en el viejo continente.
Para dilucidar la normativa están al frente de la misma las Comisiones de Transportes y Medio Ambiente del Parlamento Europeo, que han tenido que admitir hasta 560 enmiendas presentadas al aún futurible reglamento de vehículos corporativos limpios (Clean Corporate Vehicles Regulation).
Un total de 55 de esas enmiendas han correspondidos al PPE y están confirmadas por los eurodiputados del PP Raúl de la Hoz Quintano, Borja Giménez Larraz y Dolors Montserrat, según el ha podido comprobar Fleet People.
El PPE ha propuesto con sus enmiendas sustituir los objetivos por «planes nacionales sin porcentajes», con medidas para vehículos que funcionen solo con combustibles elegibles —los definidos en la directiva europea 2018/2001, con sus criterios de sostenibilidad— y redefinir la ‘gran empresa’ como la que tenga una plantilla media superior a 5.000 empleados y una facturación global superior a 1.500 millones de euros.
Cuando lanzó el borrador de la Clean Corporate Vehicles Regulation, la Comisión utilizó como ‘referencia’ de gran empresa las que tienen al menos 250 empleados y 50 millones de euros de facturación.
En el caso de Renew Europe, el tercer grupo del acuerdo, y según avanzó este medio de comunicación, esta ya había planteado igualmente en sus 11 enmiendas, confirmadas por la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia, que el reglamento fuera un marco de carácter voluntario, precisamente lo que remarca Automobilwoche.
Silencio administrativo del Gobierno
Los socialistas, por su parte, y tal y como adelanto Fleet People el 11 de octubre, no tocó una coma del proyecto de la CE y ningún eurodiputado del PSOE propuso cambiarlos ni suprimirlos con enmienda alguna. La eurodiputada Rosa Serrano, del S&D, registró cinco enmiendas, una de ellas centrada en que los Estados ajusten la aplicación de los objetivos al calendario de recarga y de red eléctrica en nodos como los aeropuertos.
En el caso de Vox, esta respaldó 46 enmiendas de Patriotas por Europa a través de Jorge Buxadé, quien confirmó la petición de que el Parlamento Europeo rechace la propuesta entera.
El grupo planteó también suprimir el artículo 3 —el que obliga— y la tabla de furgonetas —la más complicada de cumplir— y conservar para turismos y SUV el objetivo combinado del 55% en 2030 y del 76% en 2035, sin el mínimo de cero emisiones.
Hay que recordar también que Los Verdes, por medio de Virginijus Sinkevičius y Kai Tegethoff, endurecieron el contenido de la norma con sus enmiendas, y querían fijar un mínimo de cero emisiones para España del 55% en 2030 y del 100% en 2035 en turismos y SUV, además del 32% y del 100% en furgonetas, con incrementos proporcionales similares para el resto de países.
Ni Los Verdes ni Vox a través de Patriotas por Europa han formado parte del teórico acuerdo final, si bien con criterios absolutamente contrapuestos.
Las comisiones votarán las que se incorporen al texto a finales de noviembre, y el Parlamento Europeo prevé fijar su posición en el pleno del lunes 23 de noviembre, según la ficha del procedimiento y un informe del Consejo de la UE.
La votación definitiva sobre el reglamento podría llegar en el primer trimestre de 2027.
