Los eurodiputados españoles del Partido Popular y de Vox han pedido suprimir los durísimos objetivos de matriculación de vehículos de cero y bajas emisiones que la Comisión Europea ha propuesto para España en el ámbito de las flotas de las grandes empresas, según se desprende de las 560 enmiendas presentadas como objeción al reglamento inicial de vehículos corporativos limpios (Clean Corporate Vehicles Regulation) y que han sido obtenidas y cotejadas por Fleet People.
De acuerdo con la norma actual propuesta, cada Estado miembro de la UE tendría que garantizar a partir de 2030 que una —elevada— cuota mínima de las matriculaciones nuevas de coches y furgonetas de las grandes empresas sea de cero o bajas emisiones, conforme a la propuesta que la Comisión Europea presentó el 16 de diciembre del año pasado.
Al respecto, y como el resto de países del euroentorno, España afronta dos objetivos distintos, uno combinado de cero y bajas emisiones (máximo de 50 gramos de CO2 en el caso de las bajas emisiones, los híbridos enchufables) y otro más exigente que solo admite vehículos de cero emisiones.
En el caso de los automóviles de turismo y SUV, el reglamento establece que el mínimo de matriculaciones será del 55% en el primer caso y del 36% en el segundo (solo cero emisiones) a partir de 2030. En furgonetas, la cifra mínima será del 32% y del 29%, de acuerdo con las tablas del anexo de la propuesta oficial comunitaria.
A partir de 2035, los mínimos anuales de matriculación subirían con la propuesta europea al 76% (combinado de cero emisiones híbridos enchufables) y al 64% en el caso de los cero emisiones (eléctricos puros y de hidrógeno). Ello, para todos los turismos, SUV y comerciales ligeros.
La entrada en escena de los disputados
A lo largo de las enmiendas cotejadas por Fleet People, tres eurodiputados del PP —Raúl de la Hoz Quintano, Borja Giménez Larraz y Dolors Montserrat— han cofirmado las 55 enmiendas presentadas al respecto por el Partido Popular Europeo, 27 de ellas concentradas en suprimir textos del redactado normativo que consideran que debe suprimirse.
Dos de ellas son clave porque afectan a las dos tablas esenciales, las del artículo 3, que impone los objetivos mínimos, y el artículo 4, que prohíbe a los Estados dar ayudas a vehículos que no sean de cero o bajas emisiones.
El PP europeo ha propuesto también sustituir los objetivos por “planes nacionales sin porcentajes” que fijarían medidas para vehículos que funcionan solo con combustibles elegibles —los definidos en la directiva europea 2018/2001, con sus criterios de sostenibilidad—.
El bloque popular, de modo adicional, quiere igualmente que se cambie la denominación técnica de ‘gran empresa’ por parte de la Comisión Europea para tipificarla con una plantilla media superior a 5.000 empleados y una facturación mundial neta superior a 1.500 millones de euros.
En el caso de Vox, el grupo ha respaldado 46 enmiendas del grupo Patriotas por Europa a través de su eurodiputado Jorge Buxadé Villalba, quien ha cofirmado la petición de que el Parlamento Europeo rechace la propuesta entera. El grupo también ha propuesto suprimir el artículo 3 y la tabla de furgonetas, además de conservar para los turismos y SUV el objetivo combinado del 55% en 2030 y del 76% en 2035 sin el mínimo de cero emisiones.
Del PSOE no hay noticias
Hay que decir que ningún eurodiputado del PSOE, partido que gobierna en España, ha propuesto en las enmiendas obtenidas por esta publicación cambiar los porcentajes del anexo ni suprimirlos.
Rosa Serrano Sierra, del grupo Socialistas y Demócratas, ha registrado cinco enmiendas, una de ellas para que los Estados ajusten la aplicación de los objetivos al calendario de recarga y de red eléctrica en nodos como los aeropuertos.
Por su parte, la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia Martínez ha cofirmado 11 enmiendas del grupo liberal Renew Europe que convierten el reglamento en un marco de carácter voluntario. Y una de ellas deja fuera del reglamento a las pymes, a las empresas de renting y a las de alquiler de vehículos, además de otra que suprime la prohibición de ayudas del artículo 4.
Todas las enmiendas están presentes en tres documentos diferentes registrados ante las comisiones de Medio Ambiente y de Transportes de la Comisión Europea.
Los ecologistas, muy duros con las flotas españolas
El grupo de los Verdes, por medio de Virginijus Sinkevičius y Kai Tegethoff, ha sido el más beligerante con el universo flotista y no solo ha presentado enmiendas de cambio, sino que estas han endurecido la propuesta de la normativa.
En este sentido, han pedido que el mínimo de cero emisiones en el caso de España sea del 55% en 2030, del cien por cien en 2035 en turismos y SUV y del 32% y del cien por cien en furgonetas.
Con el resto de países ha solicitado incrementos proporcionales similares.
Además de ello, dos eurodiputados italianos han presentado enmiendas con caracteres diferentes y fórmulas más novedosas. Carlo Fidanza, del grupo conservador ECR, ha pedido que la Comisión recalcule los objetivos nacionales relacionados con la renta nacional bruta, la capacidad de la red eléctrica y la disponibilidad de recarga, mientras que Dario Tamburrano ha propuesto porcentajes más laxos para España y otros miembros.
En nuestro caso, por ejemplo, ha solicitado en su enmienda un mínimo de cero emisiones del 43% en 2030 —en lugar del 55%— y del 67% en 2035 en el ámbito de los SUV y turismos, en lugar del 76% previsto por la CE en este momento.
16 de octubre y 23 de noviembre, plazos previsibles
Hay que decir que, de acuerdo con las enmiendas, hasta ocho de las 560 presentadas piden de modo directo que el Parlamento Europeo rechace la propuesta de la Comisión, y otras nueve suprimen —también de modo directo— una de las dos tablas de objetivos de matriculación mínima de vehículos, o incluso las dos, como persigue el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).
Según ha podido saber Fleet People, el plazo para presentar enmiendas expira el 16 de octubre, mientras que las comisiones votarán las que se incorporan al texto a finales de noviembre (el Parlamento Europeo prevé fijar así su posición en la sesión plenaria del lunes 23 de noviembre, según la ficha del procedimiento y un informe del Consejo de la UE).
La votación definitiva sobre el reglamento de vehículos corporativos limpios podría llegar en el primer trimestre de 2027.
