Cabify, ha anunciado que regresará a Barcelona ya que ha adaptado su modelo de negocio a los nuevos requisitos introducidos por la normativa sobre el sector VTC aprobada por la Generalitat, asumiendo para ello una serie de costes que no tiene el deber jurídico de soportar.
Esta normativa, fue aprobada por el Govern el 29 de enero y convalidada por el Parlament el pasado 28 de febrero, supuso la expulsión de las empresas de VTC de la Ciudad Condal y, en consecuencia, obligó a Cabify a paralizar su servicio. Ahora, la compañía ha vuelto a operar en Barcelona, gracias a la adaptación de la contratación del servicio de movilidad que ofrece a los usuarios a través de su aplicación a los requisitos que exige la normativa catalana.
Esta decisión responde al compromiso de Cabify con la ciudad, sus usuarios, sus empleados, colaboradores conductores y con toda su red de empresas asociadas que también trabajan en favor del desarrollo de la economía digital y la movilidad sostenible en Catalunya y en España, según el comunicado de la compañía.
La vuelta de Cabify en Barcelona supone el afianzamiento de miles de empleos y, en definitiva, el rescate de un sector que, durante los últimos años, además de contribuir a mejorar la movilidad en la ciudad, ha ofrecido a Catalunya crecimiento económico y brindado a miles de catalanes oportunidades de desarrollo.
Desde Cabify, «esperamos que el futuro nos dé la oportunidad de tener un debate con rigor sobre la movilidad en Barcelona. La compañía quiere tener un papel activo en lo que es un desafío fundamental para la calidad de vida de los ciudadanos», ha afirmado Juan de Antonio, fundador y CEO de Cabify. Y, ha añadido que «estamos convencidos de que los usuarios respaldan el regreso de Cabify a Barcelona, que afrontamos con responsabilidad y también con confianza, puesto que son muchos los actores de la sociedad civil que públicamente han manifestado que nuestra marcha definitiva empobrecería la movilidad pero también la vida en Barcelona».
Cabify lamenta la decisión del Govern
De Antonio ha subrayado que «queremos tener un papel proactivo en la construcción del modelo de movilidad de Barcelona y es por ello que nos hemos adaptado y, sabiendo que la legalidad nos ampara, esperamos que muchos barceloneses nos sigan eligiendo y al hacerlo reivindiquen su derecho a elegir cómo moverse por su ciudad».
En el nuevo modelo de contratación, Cabify asume un cambio significativo en sus condiciones de operación, pasando a prestar el servicio de alquiler de vehículos de transporte con conductor (VTC). El usuario que haya viajado alguna vez en Catalunya con Cabify y quiera seguir haciéndolo, antes de volver a hacerlo, tendrá que aceptar unas nuevas condiciones de contratación acordes a la distinta naturaleza del servicio que la compañía presta ahora en Catalunya.
De inicio, trabajará con una flota cercana a 300 coches, lo que puede dar lugar a alguna demora superior a lo deseable en horas de alta demanda. En todo caso, Cabify redobla su compromiso con mantener un alto estándar de servicio e ir agregando nuevos operadores de VTC.
La compañía es consciente de que este modelo no es el óptimo para una ciudad y una comunidad que son símbolos de innovación y progreso, pero, incluso a pesar de la asunción de diversos perjuicios que no tiene el deber jurídico de soportar, está dispuesta a cargar con el elevado e injustificado coste de adaptar su modelo de negocio para cubrir las necesidades de los usuarios en Catalunya.
Este nuevo modelo implica renunciar a la operativa general de Cabify de gestión del servicio como agencia de viajes, que no impone al usuario restricción alguna al tiempo de precontratación previo, y que se adapta mucho mejor, tanto a la demanda y necesidades de los usuarios, como al derecho a la libertad de empresa reconocido por la Constitución española y el Derecho de la Unión Europea.
La compañía ha declarado que «lamentamos que el Govern y el Ayuntamiento hayan optado por restringir las opciones de movilidad de los usuarios y el derecho a la libertad de empresa de Cabify a través de una normativa cuya inconstitucionalidad ha sido denunciada por la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) y por el Consell de Garanties Estatutaries de la propia Generalitat».
