La plataforma de transporte bajo demanda Uber ha interpuesto una demanda contra el Ayuntamiento de Nueva York para impedir la entrada en vigor de una ordenanza que, a su juicio, la obligaría a mantener en activo a conductores que considera «peligrosos o fraudulentos»..
La acción legal, presentada en el tribunal federal de Manhattan el martes de la semana pasada, apunta a la denominada como Local Law 52, la ordenanza contra el despido injustificado de conductores que impediría a plataformas como Uber o Lyft retirar a conductores sin un «motivo económico legítimo» o una «causa justificada».
Aprobada por 46 votos a favor y cinco en contra en el Consistorio municipal en enero, inicialmente se prevé que la Ley entre en vigor el próximo 28 de julio, y sí que incluye los despidos de conductores por fraude, uso compartido de cuenta y «mala conducta grave» como violencia, acoso sexual o discriminación, de acuerdo con Reuters.
Uber impugna también el reparto de la carga probatoria
Entre los argumentos de la demanda, Uber ha afirmado que la ley viola sus derechos de «libertad de expresión y proceso justo» amparados en la Constitución federal y en la del Estado de Nueva York.
Uber ha objetado además el plazo de 14 días de preaviso que la norma exige antes de cualquier desactivación —período que, a su juicio, abre una ventana de represalias contra los pasajeros— y la posibilidad de tener que reincorporar conductores desactivados con carácter retroactivo y desde 2019.
Además ha cuestionado también el diseño procedimental de la norma, que a su criterio parte de la presunción de que «toda desactivación es injusta y traslada la carga de la prueba a la plataforma».
hay que apuntar que, solo a 1 de junio pasado, Uber cuenta con un cúmulo de 3.571 demandas ante el tribunal federal de San Francisco por «presunta mala conducta sexual de conductores».
Nueva York ha respondido a Uber con una declaración conjunta en la que sus portavoces Julie Menin y Shekar Krishnan han manifestado que la cámara «continuará luchando para garantizar que todos los conductores tengan protecciones básicas de proceso justo».
