La realidad de las grandes ciudades se sigue dibujando con los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) más representativos y conocidos, los patinetes eléctricos, circulando por el asfalto sin que se haya desarrollado todavía una normativa concreta que regule su uso en las urbes.
El borrador del Decreto que delimita su radio de utilización y en qué condiciones debe hacerse establece diversas consideraciones, todas ellas desarrolladas por la Dirección general de Tráfico como entidad aglutinadora a través de una Instrucción.
Dicho documento, procedente de una normativa creada inicialmente en 2016, se mantuvo abierto hasta algún mes antes de la celebración de las pasadas Elecciones Generales, pero la llegada de los Comicios lo han frenado todo y, sobre todo, una normativa que se esperaba que estuviera vigente a partir del próximo 1 de julio como tarde.
La idea de la DGT es reducir el límite de velocidad máxima de estos vehículos de 50 a 30 kilómetros por hora en las calles que dispongan de un único carril, o en aquello en los que exista un único carril por sentido de circulación, entre otras acotaciones de velocidad prefijadas.
De este modo, sólo los patinetes eléctricos de mayores dimensiones, aquellos que disponen de sillín o grandes ruedas, por ejemplo, podrían llegar a 45 kilómetros por hora.
Igualmente, el borrador del Decreto de dicha Instrucción, que recibió más de 400 alegaciones durante su fase de instrucción pública —algunas de las cuales han sido tenidas en cuenta por Tráfico— maneja la prohibición expresa de que los patinetes eléctricos puedan circular por las aceras de las calles y por las carreteras.
E igualmente se exigirá, por cuenta de la Dirección General de Tráfico, de la expedición de un carné para poder circular con estos vehículos, aunque en este punto no se ha especificado una fecha o datos más concretos.
Seguro, garantía
“Los conductores de patinetes y de bicicletas también pueden causar daños serios a terceras personas, como los peatones”, recordaba el anterior ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, en declaraciones efectuadas el año pasado. El ministro aseguraba entonces que el Gobierno, que mantiene el mismo signo tras lo decidido por los españoles el pasado 26 de abril, se está planteando la introducción de un seguro “como garantía de que la víctima de cualquier tipo de siniestro causado por estos vehículos quede cubierta”.
Se espera que el nuevo Gobierno tome posesión a finales del próximo mes de junio. A partir de entonces, habrá que tener en cuenta que la transformación en ley de la Instrucción sobre estos vehículos no tendría mayor problema puesto que puede articularse tan rápido como desee el Ejecutivo en forma de Real Decreto, para lo cual no necesita de acuerdos con terceros ni pasar por Las Cortes. Además de ello, hay que decir que las decisiones en materia de seguridad vial suelen contar con bastante consenso entre la clase política.
En 2018 se produjeron en nuestro país un total de 300 accidentes con vehículos de movilidad personal involucrados, de acuerdo con cifras de la Fiscalía de Seguridad Vial.
Se produjeron cinco muertes y, si nada cambia, entidades como la Fundación Línea Directa consideran que dicha cifra de mortalidad se puede triplicar a lo largo de este ejercicio, hasta entre 15 y 17 fallecimientos. “Esperamos equivocarnos, pero para ello sería necesaria una normativa clara y coherente”, declaraba en la edición impresa pasada de Fleet People el director general de la Fundación Línea Directa, Francisco Palencia.
