«Las normas no están para perjudicar, sino para ayudar, o eso debería ser. Y esto perjudica más a las pymes con vehículos de empresa más pequeñas, y no sólo a las de renting”, puntualiza a Fleet People el presidente de la Asociación Española de Renting de vehículos (AER), Agustín García, tras conocer la modificación que acaba de aprobar el Ayuntamiento de Madrid en materia de movilidad y que obliga a las compañías que tienen coches de empresa a acreditar que tienen una sucursal, una delegación, oficina o agencia en la capital si el usuario final del vehículo de empresa desea que le den la tarjeta de estacionamiento de residentes del Servicio de Estacionamiento Regulado (S.E.R.) de Madrid para poder aparcar, por ejemplo, en las calles aledañas a su domicilio particular.
El origen de todo
Estamos a finales de diciembre de 2014. Concretamente el día 19, y el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una modificación a la Ordenanza de Movilidad que publicó en el Boletín Oficial del Ayuntamiento en julio de 2014.
Esa ordenanza, articulada en la práctica desde la delegación de Hacienda del consistorio madrileño, cayó como un jarro de agua fría en el sector del renting de vehículos y, especialmente, en aquellos que operan en la Comunidad de Madrid.
La norma incluía, en palabras llanas, la obligación de que, a partir de ese momento, toda persona que utilizara o quisiera utilizar la tarjeta verde de residente para aparcar en Madrid ciudad debería acreditar, en el caso de tener un vehículo de empresa, que esa compañía paga el Impuesto de Circulación en Madrid al circular, valga la redundancia, y estacionar el coche por las calles de la capital.
La cuestión de fondo que explica esta guerra reabierta por el Ayuntamiento de Madrid se centra en dónde pagan el denominado coloquialmente como numerito las grandes compañías de renting que operan en la Comunidad de Madrid.
La mayoría de las grandes empresas de renting que operan en España están localizadas en Madrid, pero ninguna tiene su base de operaciones y domicilio legal en la capital.
ALD Automotive está en Las Rozas, de igual modo que Alphabet, y Leaseplan están en Alcobendas, Arval está en San Sebastián de los Reyes y Northgate, en Getafe. Pero la cuestión clave tampoco es esa. El quid de la cuestión es que la ley permite que la cuantía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el numerito, sea modificada por cualquier Ayuntamiento de España.
Pueden duplicar la tasa, pero también reducirla hasta en un 75% e incluso en un 100% según el caso.
Más dinero
Ávidos por generar más ingresos en su caja anual, consistorios madrileños como el de Las Rozas de Puerto Real —con menos de 500 habitantes, tiene registrados 11.500 coches, 23 por persona—, Colmenar del Arroyo (1.350 habitantes, 38.500 coches) y Robledo de Chavela (24 coches por persona, con 4.100 habitantes y 98.500 vehículos censados), entre otros, ofrecen desde hace muchos años beneficios fiscales elevados en este impuesto a las grandes firmas de renting a cambio de que matriculen allí sus flotas. La única condición que exige la ley es que debe constar en el municipio al menos una oficina o delegación a nombre de la compañía, exactamente la misma modificación que en diciembre pasado aprobó el Ayuntamiento de Madrid.
El municipio capitalino lleva años protestando por esta razón y tratando de que las compañías de renting abonen el IVTM en la capital, y consideran que no juegan limpio porque muy buena parte de esos coches de flota de empresa circulan y se aparcan por sus calles, aunque no hayan pagado el numerito.
Además, critican que el espíritu en la redacción de las bonificaciones persigue dichos descuentos en función de parámetros de sostenibilidad medioambiental que no se cumplen.
Sentencia en contra
El consistorio calcula, o al menos así lo hizo en 2011, en casi 63 millones de euros la cantidad que había dejado de percibir en concepto de IVTM por las empresas de alquiler de coches y de renting en el periodo 2001-2011 y debido al texto legal que les permite desde ese año (2001) acudir al calor fiscal de otros municipios.
Ese mismo año, una sentencia judicial del Tribunal Supremo quitó la razón al Ayuntamiento de Madrid en la batalla, que además había personificado en la figura de la Dirección General de Tráfico, ya que era a esta institución a la que le solicita históricamente que sea más dura con los requisitos de registro de los vehículos.
“Solicitar, como se solicita, que las empresas de renting tengan que tener una delegación u oficina en la capital no tiene sentido. no lo entendemos, porque las empresas de renting buscan a sus clientes y los visitan fuera de su oficina, no necesitan tener ningún punto ahí”, recalca Agustín García, quien puntualiza que entre el 90% y el 95% de las sedes u oficinas relacionadas con el renting de vehículos tiene su sede fuera de Madrid capital. En cualquier caso, y según el presidente de AER, el problema va bastante más allá del renting como actividad económica.
“Hay que tener en cuenta que esta normativa no nos afecta sólo a nosotros, sino a la gran mayoría de vehículos de empresa que circulan por Madrid, y que en muchísimos casos pertenecen a compañías pequeñas, a pymes, que están lejos de la almendra central. ¿Van a obligar a una pyme de Ciempozuelos con dos vehículos para comerciales a poner una delegación en la ciudad?”, se pregunta García.
De acuerdo con el directivo, la mayoría de los registros de vehículos de empresa oscila en una cantidad máxima de entre una y cuatro unidades, lo que significa que la pyme, y dentro de ello la pequeña pyme, con facturaciones de medio o un millón de euros, puede ser la gran perjudicada por la medida, y no las grandes empresas de renting, a las que poco supone alquilar un local en la ciudad.
En el semestre transcurrido entre julio de 2014, cuando se aprobó la ordenanza, y hasta que se ha dado el ok a la modificación de ésta el 19 de diciembre del año pasado, que suaviza algo las cosas, se ha producido una pequeña rebelión de los usuarios particulares de vehículos de empresa en renting, que han tenido que alquilar plazas de garage ante la imposibilidad de que les renovaran o facilitaran la tarjeta verde de residente.
Reconduciendo la cuestión
Con el paso de los meses y el diálogo entre Administración local y empresas del sector, no obstante, se han ido sucediendo conatos de entendimiento que han permitido que en algunos casos se dosificaran tarjetas de residente, básicamente datando el permiso de circulación del vehículo de empresa en cuestión en la capital.
En esto han tenido mucho que ver los contratos de renting firmados en el periodo con entidades financieras y sus divisiones de renting, que gracias a la capilaridad de sus matrices han posibilitado esta opción para las últimas flotas de vehículos consignadas.
Una de las afectadas por la ordenanza de julio ha sido durante estos meses la consejera delegada del operador de renting Arval, Cecilia Boned, que vive en la capital y que no ha tenido otro remedio que alquilar una plaza de garage.
“Sinceramente” —declara a Fleet People— “creo que alguien se ha equivocado de batalla. Y hay un problema, que los que pagan son los conductores por ello. Y puedo entender que sea un tema de legislación discutible, pero se está penalizando a miles de madrileños con coche de empresa, y por esta razón no se les deja aparcar”, asegura la ejecutiva, que de otro lado también reconoce que el Ayuntamiento “ha entendendido que hay una situación de bloqueo y ha dado pasos para solucionarlo”.
