Europa requerirá de unos fondos públicos adicionales valorados en 39.000 millones de euros para asegurar la transición y competitividad de la industria de transporte verde y consolidar su producción en el continente, de acuerdo con un nuevo informe elaborado por el lobby Transport & Environment.
La organización ha señalado que estos recursos deben dirigirse hacia nuevas infraestructuras de energía, como redes eléctricas y estaciones de carga, en lugar de infraestructuras tradicionales como carreteras y aeropuertos, para favorecer la transición hacia un transporte menos contaminante.
T&E ha planteado, en este sentido, que este respaldo público se podría fraguar a través de modelos como el renting y leasing social de vehículos eléctricos, los combustibles sostenibles, la producción de baterías e infraestructura de carga, que «podría atraer hasta siete veces más en inversión privada, generando unos 271.000 millones de euros anuales hasta 2030».
La inversión combinada en transporte verde, público y privado, alcanzaría de este modo un total de 507.000 millones de euros al año en el horizonte de 2040, «acelerando el cambio hacia la tecnología de bajas emisiones en Europa».
La mayor parte de esta inversión, el 87%, provendría de actores privados como fabricantes de vehículos y entidades financieras, según T&E.
Actividades más necesitadas
No obstante, al entidad ha significado que actividades con una elevada necesidad de capital, como las infraestructuras energéticas y de manufacturas, necesitarán obligatoriamente del apoyo público, con 39.000 millones de euros en fondos públicos al año hasta 2030, una cifra inferior a los 42.000 millones de euros que los gobiernos europeos destinan actualmente en ayudas e incentivos destinados a vehículos de combustibles fósiles utilizados por las flotas corporativas de emrpesa.
Entre las propuestas de T&E se incluye también un fondo europeo de 25.000 millones de euros para impulsar la producción de baterías en Europa, un fondo cubriría aspectos como el escalado de la producción local, el acceso a materiales esenciales y la gestión de riesgos en componentes clave.
El informe también subraya la necesidad de fondos para combustibles sostenibles en aviación y transporte marítimo, sectores que aún «se enfrentan a costes muy elevados» y que se encuentran «en fases iniciales de desarrollo».
Al respecto, la organización ha propuesto que los gobiernos europeos dupliquen las inversiones actuales en redes eléctricas, alcanzando 67.000 millones de euros al año hasta 2050.
