El despliegue de incentivos al vehículo comercial de cero emisiones en Europa coloca a España en una posición intermedia durante el ejercicio actual, con un esquema de apoyos ampliado respecto de ejercicios previos aunque todavía por detrás de mercados como Francia, Alemania, Países Bajos o Polonia, que concentran «mayor volumen de apoyo fiscal, subvenciones directas más elevadas y programas de infraestructura más desarrollados».
Así lo determina el último informe sectorial elaborado por la patronal europea de fabricantes de automóviles ACEA, al que ha accedido Fleet People, que apunta que la transición hacia el vehículo comercial eléctrico avanza en el conjunto de la Unión Europea «a velocidades desiguales», una dinámica que configura un mapa en el que los países con políticas fiscales más intensas y programas de apoyo más completos «consolidan una mayor penetración de estas tecnologías».
Respecto del caso español, el sistema de incentivos contempla la exención del impuesto especial para vehículos con emisiones de hasta 120 gramos de dióxido de carbono por kilómetro y una reducción del 75% en el impuesto de circulación para automóviles eléctricos en grandes urbes como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza, recoge el informe.
A ello se suma el programa Auto+, vigente para adquisiciones a partir del 1 de enero del ejercicio actual —con carácter retroactivo—, con apoyos que alcanzan los 5.000 euros para vehículos comerciales ligeros de categoría N1 en función de su tecnología y origen.
Otro frente del esquema nacional reside en la infraestructura a través del programa MOVES Corredores, según refleja ACEA, con una dotación de 200 millones de euros destinada a la instalación de puntos de recarga pública en la red transeuropea de transporte y con coberturas que alcanzan el 70% del coste elegible y un tope de 15 millones de euros por proyecto y beneficiario.
Polonia destina 471,3 millones a recarga rápida y red eléctrica
En cuanto a Francia, el país galo figura entre los mercados con mayor desarrollo de incentivos a través de un sistema de sobreamortización que permite deducir el sobrecoste de los vehículos eléctricos respecto de los modelos convencionales, con porcentajes del 40% para unidades de entre 2,6 y 3,5 toneladas, del 115% en el rango de 3,5 a 16 toneladas y del 75% para las de mayor peso, al hilo de ayudas a la infraestructura que oscilan entre 1.700 y 25.000 euros.
Un capítulo relevante del informe recae sobre Alemania, que articula su estrategia en torno a la amortización acelerada, una exención fiscal de 10 años para vehículos eléctricos e impulsos a la infraestructura que contemplan una partida de 220 millones de euros destinada al desarrollo de hasta 40 estaciones de hidrógeno para transporte pesado.
Por su parte, Países Bajos concentra su apoyo en programas como AanZET, con una dotación de 156 millones de euros durante el ejercicio actual para la adquisición o leasing de vehículos de cero emisiones de más de 4.250 kilos, al tiempo que ha desplegado líneas adicionales para recarga pública y privada con presupuestos que incluyen 66 millones de euros en uno de sus programas.
La patronal ha significado también que el caso de Polonia «es uno de los esquemas más amplios del continente», con exención del impuesto especial, deducción total del IVA, depreciación completa de los activos y ayudas que alcanzan los 176.700 euros para vehículos pesados de categoría N3, a lo que se añaden inversiones de 471,3 millones de euros tanto para estaciones de recarga de alta potencia como para el refuerzo de la red eléctrica.
Otros mercados como Bélgica, con deducciones adicionales del 40% para la adquisición de vehículos eléctricos y su infraestructura, o Luxemburgo, con apoyos de 6.000 euros para furgonetas eléctricas y coberturas de hasta el 100% del sobrecoste en vehículos pesados, completan el escenario europeo reseñado por la patronal de fabricantes europeos.
