El transporte público urbano y metropolitano en España necesitará 3.300 millones de euros anuales en inversiones hasta 2030 para absorber el aumento previsto de pasajeros y electrificar sus flotas.
Así lo ha concluido el último Congreso Nacional de Transporte Urbano y Metropolitano, organizado por ATUC, que considera que los 3.300 millones anuales estimados surgen de la confluencia entre «el crecimiento de la demanda y la obligación de electrificar».
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé un alza del 36% en usuarios de autobús y del 50% en metro para 2030 a través del trasvase del 35% de los viajeros que hoy se mueven en vehículo privado al transporte colectivo, de acuerdo con Atuc, lo que obligaría a ampliar la flota con 7.670 autobuses urbanos, 3.835 metropolitanos y 4.961 coches de metro y ferrocarril.
«La diferencia de coste entre un bus electrificado y uno de combustión no afecta solo al vehículo en sí, sino a la formación de conductores, la adaptación de sistemas de gestión y todo lo que ello conlleva. Todo ello requerirá de instrumentos financieros que hagan posible esta nueva realidad que exige Bruselas», aseguró en el Congreso, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, Jesús Herrero, secretario general de ATUC, quien subrayó que el esfuerzo inversor que debe afrontarse «no tiene precedentes en el sector».
El bus eléctrico cuesta el doble
Al respecto, algunos datos interesantes del Congreso recaen, por ejemplo, en la figura del precio estimado de un autobús eléctrico, que en su versión urbana «cuesta de media 550.000 euros, el doble que su equivalente de combustión».
Este dato puede aumentar hasta 620.000 euros en la versión metropolitana, según Atuc.
A esos importes se suman los puntos de recarga por vehículo, que se sitúan en 50.000 euros la unidad física a lo que ha de añadirse y otros 55.000 euros para adaptar cada cochera.
La Directiva Europea al respecto fija que el 65% de los autobuses adquiridos a partir de este mismo año deben ser eléctricos, un porcentaje que se elevará a la práctica totalidad a partir del año 2030, si bien hay que puntualizar que esta normativa se refiere al apartado de compras y no a la flota en circulación.
