Los servicios de transporte sanitario de dos regiones clave de la península atraviesan un momento crucial bajo un contexto marcado por la renovación de los contratos actuales de prestación de servicios, valorados, según el caso en miles de millones de euros.
Es el caso de Cataluña, por ejemplo, que tras varias reclamaciones legales planteadas por algunas de las partes involucradas en la licitación del concurso, y admitidas por los jueces, ha sellado el pasado 18 de abril el pliego definitivo de prescripciones técnicas que fijará un servicio de prestación de ambulancias públicas durante el próximo lustro cuyo valor de negocio se estima en casi 2.000 millones de euros.
El negocio de las ambulancias en España está controlado, de modo fundamental, por un puñado de fondos de inversión que controlan grandes grupos como HTG y SSG, aunque también juegan su papel firmas como Alsa, Santa Sofía o Sasu, entre otros muchos.
Comunidades como Cataluña y Madrid han empezado a mover las fichas para la renovación de estos contratos de transporte sanitario urgente y no urgente, si bien en la capital la presentación de ofertas concluyó el pasado 21 de junio —el 20 de mayo en el caso de Cataluña—, con un contrato que no ha definido de modo específico, según ha podido comprobar Fleet People, el número de ambulancias que se deben ofertar, pero sí el montante total del servicio durante los próximos cinco años, que ascenderá a 230,95 millones de euros sin impuestos, 254,05 millones con IVA.
Mucho en juego en Cataluña
En Cataluña hay más en juego, después de que el Tribunal de Contratos del sector Público paralizar el pliego inicial para adjudicar el contrato por observar “irregularidades”, en un proceso encabezado por dos grandes del sector, HRG y Falck, lo que ha provocado que el Sistema de Emergencias Médicas de la región propulsara el actual documento, que trocea los servicios ofertados en 10 lotes diferentes con un presupuesto inicial de 2.000 millones de euros y en el que entran juego más de un millar de ambulancias.
En el trasfondo de todo, especialmente en el caso catalán, las quejas de los principales operadores del sector se han centrado en que las ofertas requeridas incluían, en los primeros pliegos, lotes en los que el concursante prácticamente tenía que hacer el trabajo a pérdida, lo que suscitó un aluvión de críticas por parte de buena parte de las potenciales compañías adjudicatarias.
Hay que reseñar que la adjudicación de este tipo de servicios, en el que lógicamente está incluida la flota de vehículos por un montante muy relevante, también incorpora el aspecto laboral, con la contratación o subrogación de empleados durante la vigencia del contrato, lo que se traduce en, por ejemplo, una valoración para el próximo concurso madrileño de 135 millones de euros únicamente en costes salariales estimados.
Hay que recordar a este respecto que regiones como País Vasco, cuyo contrato actual de transporte sanitario es de unos 280 millones troceado en dos partes, han atravesado duros procesos de reivindicación laboral en el sector, con cuatro huelgas del transporte de ambulancias desde octubre del año pasado para reclamar mejoras en las condiciones de las prestaciones de servicios y laborales.
De hecho, la principal adjudicataria del servicio de ambulancias del País Vasco, Grup La Pau, que utiliza allí casi 500 ambulancias, afirmó el mes pasado que reduciría de modo unilateral los salarios de sus empleados al asegurar que no podrá mantenerlos después de suspenderse la adjudicación del próximo contrato de transporte que había ganado, por 135 millones de euros.
