Preocupante, por lo menos, aunque preferiría utilizar el vocablo alarmante, para calificar el estado de situación en el que se encuentra España por causa del monopolio del taxi, aunque también preferiría utilizar mafia para su mejor definición, capaz de poner contra las cuerdas a un Gobierno (hemos de recordar que está apoyado por nacionalistas con aspiraciones independentistas, por independentistas que quieren romper el país y populistas cuyo único fin es desgarrar el sistema establecido para imponer el suyo), y por los problemas de orden público derivados del asalto a nuestras fronteras por migrantes subsaharianos, fuertes y bien alimentados, que nada tienen que ver con un refugiado.
Estas son las últimas escenas de un panorama sombrío y, como no, la entrada en el guión del que está considerado el peor director general de Tráfico de la historia, al menos según el criterio de la prensa especializada, no del de aquellos medios que aplaudieron y aplauden a un incompetente que, a cambio, riega bien con la manguera publicitaria.
Vayamos por partes. El conflicto del taxi ha pasado de lo razonable. Una reivindicación legítima se ha convertido en un chantaje, en un secuestro de varias ciudades españolas con lamentables episodios de violencia que desacreditan un colectivo que no goza, precisamente, de una buena imagen ante los ciudadanos, pacientes sufridores de un servicio de transporte urbano necesario pero de mala calidad.
El monopolio del taxi no quiere competencia, pero este es un objetivo imposible en un mundo en el que rige la libre competencia y en el que, rápidamente, están cambiando sus tradicionales sistemas de movilidad. El taxi no puede evitar que proliferen los servicios de coche compartido –sólo en Madrid hay ya más de 2.000 automóviles híbridos y eléctricos operados por cuatro compañías, al margen de los vehículos de dos ruedas- los servicios de VTC y no tardando mucho la movilidad autónoma.
Sería más productivo para el el taxi que sus integrantes trabajaran en mejorar su servicio y en poner en marcha soluciones imaginativas para que los ciudadanos sigan utilizando un servicio que, además, es realmente caro, a bordo de coches mal cuidados, generalmente sucios, malolientes, mal climatizados y gobernados por conductores mal vestidos. Es excepcional encontrar lo contrario a lo descrito.
No se entiende, por otra parte, la ausencia de reacción de las autoridades a la violencia contra los VTC, sus conductores y sus viajeros, y la carencia de medidas que impidan que varios cientos de taxis bloqueen las calles de varias ciudades españolas. Al menos deberían ser sancionados de la misma forma que lo sería un ciudadano cualquiera que detuviera su vehículo intencionadamente en la vía.
Parece que la ausencia de reacción es la dominante de este Gobierno de ética más que dudosa –tengamos bien presente cómo ha ocupado la Moncloa- y si no veamos lo que está haciendo ante el problema migratorio y el reciente asalto a la frontera española en Ceuta. Una cosa es salvar vidas en el mar o atender a los refugiados –esta figura está perfectamente definida por la ONU- y otra muy distinta es consentir el violento ataque a la frontera. No es admisible y ahí dejo la reflexión.
Como tampoco es admisible que retorne a la poltrona de la DGT un personaje que se caracteriza por su política represiva contra el automovilista, en ningún caso educativa, por su maestría en la manipulación de las estadísticas y por su inclinación a organizarse homenajes y a rodearse de palmeros como el hasta ahora callado fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, que sólo ve delincuentes al volante, entre otros.
Pere Navarro y su fiscal han entrado fuerte anunciando una endurecimiento de las sanciones –hemos de recordar que España es el país de la UE con el sistema sancionador más duro y desmesurado-, hasta el punto de decir, sin despeinarse, especialmente el fiscal, que se tratará de saber saber si antes de un accidente de tráfico se había producido una llamada al teléfono móvil del conductor. Con esta declaración de intenciones demuestran su nivel de desconocimiento de lo que puede ocurrir a bordo de un automóvil.
La llamada puede haberse producido, pero ¿quién o qué determinará que esa llamada ha sido atendida teléfono en mano?. Señores Navarro y Vargas, existen dispositivos de manos libres, perfectamente legales, y hasta el propio móvil dispone de esa función. La ignorancia es muy atrevida.
