El supuesto es correcto. Y loable. La cuestión reside en que los propulsores que más emisiones de este tipo producen son los de ciclo diésel. Aquellos, sí, que para las autoridades europeas representaban la solución para todos los problemas hace 10 ó 15 años, porque reducían sustancialmente, y es verdad, las emisiones de dióxido de carbono en relación con los de gasolina.
Recuerdo que muchos directivos del automóvil criticaron las directrices europeas sobre contaminación. Esos ejecutivos no dejaron de lamentar que, puestos a recortar, también debía meterse la tijera en el óxido de nitrógeno y las partículas, que precisamente son los causantes principales de los hongos de contaminación que se forman en las grandes ciudades. Nadie hizo nada.
Ahora, las marcas de automóviles tiene que correr de nuevo a toda prisa para alcanzar los estándares que les exige Bruselas. Muchas marcas tienen disponibles los motores Euro 6 en sus gamas, pero otros no. ¿Van a multar a quienes no lleguen a tiempo? ¿A los fabricantes de coches que advirtieron de que se estaba circulando por la dirección equivocada? Tiene poco sentido. Para el conductor, además, la Euro 6 supondrá un encarecimiento en el precio del vehículo que puede estimarse en unos 500 euros en modificaciones varias. No es cualquier cosa. Una empresa que quiera renovar su flota de vehículos de 300 coches, por ejemplo, tendría que abonar el proporcional en cuota mensual de un sobreprecio de 150.000 euros por la Euro 6. Esta nueva normativa va a suponer un desembolso para todos.
También habría que analizar el progresivo downsizing al que están conduciendo las normativas medioambientales. Muchas empresas necesitan vehículos de representación, y otras muchas, por la razón que sea, no requieren de coches pequeños, los más ligeros y poco contaminantes. ¿Por qué deben ser más penalizados? Que nadie piense que este editorial se centra en una defensa ciega del automóvil. Pero si la automoción paga, ¿por qué no se pone el foco también en otras actividades económicas tan contaminantes —o más— que las cuatro ruedas? ¿Qué pasa con los vetustos sistemas de calefacción de tantas y tantas comunidades de vecinos? ¿Y de empresas? ¿Y los productores y distribuidores de energía?
