A partir de 2023 los municipios con más de 50.000 habitantes estarán obligados a tener una zona de bajas emisiones (ZBE) debido a la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático, lo cual afectará a casi cuatro millones de vehículos sin etiqueta medioambiental que circulan por los alrededor de 150 municipios españoles afectados por la medida, según los cálculos de Sumauto.
En un comunicado, la firma ha señalado que en torno a 11,5 millones de coches circulan por las ciudades españolas en obligación a tener una ZBE en 2023 y, de ellos, cuatro millones verán «comprometida su circulación» al no disponer de etiqueta.
«Esto supone que el 32% del parque móvil de estas urbes se convertirá en ‘inmóvil’ al tener más de dos décadas o no cumplir los requisitos de la DGT (Dirección General de Tráfico) para portar el distintivo medioambiental, quedando a expensas de conocer sus dueños qué pueden hacer con ellos en vista de que les han puesto ‘fecha de caducidad’ para circular», ha remarcado Sumauto.
La organización ha valorado que se abre así un escenario de coches «inmovilizados» que, mientras no haya planes que incentiven el achatarramiento, «se quedarán aparcados ocupando espacio en la ciudad, ya que, aunque no tengan etiquetas ambientales, sí podrán seguir obteniendo la tarjeta de residente para aparcar en zona verde».
En ese sentido, Sumauto ha apuntado que otra opción es que los propietarios decidan venderlos, lo cual hará que sean estos automóviles sean «atractivos» para las zonas rurales o las pequeñas poblaciones, al tiempo que puede abrir un mercado en el extranjero para su exportación.
Según el análisis de Sumauto, Canarias registra el porcentaje más alto de coches sin etiqueta en España. De hecho, las ciudades canarias de Santa Cruz de Tenerife (44,1%), Arrecife (43,7%), San Cristóbal de La Laguna (43,4%) y Arona (41,7%), son las urbes con un mayor porcentaje de vehículos sin distintivo medioambiental.
Le siguen la ciudad gallega de Ourense (41,7%), y las castellanoleonesas de Ponferrada y León, ambas con un 39,6% de coches en esa situación.
En el polo opuesto se encuentran Alcobendas (9,9%), Boadilla del Monte (11,6%) y Rivas Vaciamadrid (18,3%), localizadas todas ellas en la Comunidad de Madrid.
«Nos encaminamos hacia una movilidad discriminatoria ‘a dos energías’ en la que se restringe la circulación a una parte de la población con menos recursos y capacidad de adaptarse a los nuevos paradigmas mecánicos impuestos legalmente. Por un lado, ciudades grandes con vehículos electrificados para poder circular sin inconvenientes y, por otro, pequeñas urbes y zonas rurales con vehículos contaminantes e inseguros de más de 20 años», ha valorado el portavoz de Sumauto, Ignacio García Rojí.
