La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca abre este miércoles, a partir de las 9.30 horas, la vista oral del proceso penal contra el empresario mallorquín Salvador Llinás por el presunto fraude cometido a través de la compañía de alquiler de vehículos Autoclick, cuyo perjuicio económico se calcula en unos 20 millones de euros, de acuerdo con estimaciones del Ministerio Fiscal participante en el proceso.
Entre los afectados por la presunta estafa figuran el grupo automovilístico FCA y su filial de renting Leasys, junto a decenas de entidades financieras, concesionarios y compradores europeos que habían adquirido vehículos a Autoclick sin recibir la documentación acreditativa de la propiedad, según la causa dirigida por el magistrado Enrique Morell.
La acusación pública atribuye al empresario un delito continuado de estafa en concurso con falsedad documental y ha solicitado una pena de nueve años de prisión, al tiempo que reclama una multa para el empresario de 4.320 euros.
Los hechos recogidos en el escrito del Ministerio Fiscal sitúan el arranque del presunto fraude en septiembre de 2017, periodo en el que Llinás figuraba como único accionista y administrador de IMT Holding Spain, matriz de Balear Sport Car y Autoclick, con actividad de alquiler de vehículos sin conductor y filiales en Italia, Francia, Portugal y Bélgica.
El empresario disponía de un ingente volumen de automóviles repartido en campas de diversas provincias, como Barcelona, Madrid, Alicante, o Tenerife, entre otras, y la mayoría de ellos arrendados bajo fórmulas de leasing o renting con financieras y empresas de alquiler.
Hay que recordar al respecto que los contratos suscritos prohibían expresamente ceder o enajenar las unidades.
De 50 a 20 millones de euros
Al margen de esa restricción, entre septiembre de 2017 y junio de 2018 Llinás habría vendido buena parte de esos vehículos a terceros mediante facturas en las que aparecía como titular, de manera que los compradores abonaban el precio pactado y recibían la unidad, aunque no los documentos que acreditaban la propiedad.
La Guardia Civil, que tuvo que intervenir ‘de oficio’ tras recibir decenas y decenas de quejas y denuncias de los afectados, a los que conminó a establecer una class action común para ejercer una mayor presión, cifró en su momento en 3.468 las unidades enajenadas con el método presuntamente utilizado por Llinas.
La investigación policial fue abanderada por el Grupo de Información de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (GIAT), especializado en operaciones de estafas y falsedad documental, que rápidamente desplazó efectivos desde Madrid hasta Palma de Mallorca.
A comienzos de junio de 2018, los agentes se personaron en la sede central de Autoclick, situada en el polígono de Son Oms de Llucmajor, donde inmovilizaron las 80 unidades que se encontraban en las instalaciones, tal y como informó en su día Fleet People.
La sociedad sostuvo su actividad hasta el mes de septiembre de ese ejercicio, momento en el que presentó concurso de acreedores y paralizó sus operaciones de modo definitivo.
Hay que apuntar que el Ministerio Fiscal incluso ha incrementado en su escrito de acusación el volumen afectado hasta 3.568 vehículos, entre los que figuran 44 automóviles vendidos en países extranjeros pese a estar financiados por entidades bancarias con la prohibición expresa de disposición.
También hay que recordar que, en un primer momento, la cifra del presunto fraude fue calculada por la Guardia Civil en 48,5 millones de euros, una cifra que el Ministerio Fiscal ha rebajado hasta 20 millones después de formalizar la acusación.
Hasta 20.000 vehículos y 23 ciudades europeas
Autoclick había iniciado su actividad en 2014 con un capital social de un millón de euros y un objeto social centrado en la compraventa de automóviles al por mayor y menor, el alquiler con y sin conductor y la exportación e importación de vehículos, tal y como publicó en su día este medio de comunicación, y tras empezar a gotear el número de afectados por la presunta estafa.
En 2016, la compañía había declarado una facturación de 35,5 millones de euros, un Ebitda de 7,2 millones y un beneficio después de impuestos de 4,8 millones, de acuerdo con las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y recogidas por esta publicación.
La expansión internacional de la rent a car llevó al grupo a disponer de oficinas en 23 ciudades repartidas por siete países europeos, con actividad en Francia, Italia, Rumanía, Portugal, Polonia y Bélgica, además de España, y llegó a declarar una flota superior a 20.000 unidades al cierre de 2017 con una estrategia de crecimiento que contemplaba alcanzar 50 oficinas comerciales a lo largo de 2018, tal y como constató este medio.
El modus operandi atribuido al empresario pasaba por adquirir los vehículos a través de financieras y compañías de renting, quedarse las unidades, dejar de atender los pagos pactados y revenderlas a terceros en varios páises de Europa.
No hay que olvidar que, en el entorno de la automoción, y más concretamente en el de las flotas, el empresario mallorquín figuraba como una cara muy reconocible en salones profesionales y citas como Fitur, donde Autoclick acudía con espacios de tamaño destacado.
“Todos sabemos perfectamente quién es. De sobra”, explicaba un alto directivo del sector de flotas a Fleet People en 2018, cuando estalló el procedimiento por parte de la Guardia Civil. El mismo ejecutivo apuntaba que Autoclick siempre aparecía en los eventos «con stands grandes y bien visibles. Imagen, dan muy buena imagen”.
Años después de lo acontencido, otro responsable de flotas de una marca principal de vehículos de este país ha confiado a Fleet People que «absolutamente todos los que llevamos flotas le conocíamos. Y todos nos llamábamos entre nosotros para avisarnos, porque sabíamos cómo trabajaban. Nunca entenderé cómo alguien del sector pudo caer en la trampa, porque sabíamos perfectamente su manera de trabajar».
Seis años fugado y arresto en Taiwán
En marzo de 2019, el titular del juzgado de instrucción número 9 de Palma, Morell emitió una orden internacional de detención y entrega contra los tres hermanos que aparecían vinculados a la empresa, Salvador, Antonio y Mónica Llinàs Oñate, después de que ninguno acudiera a la citación judicial por el asunto. En ese momento, el magistrado incorporó sus datos a las bases europeas de reclamados del espacio Schengen y trasladó la información a Interpol.
El procedimiento incorporó desde su fase inicial a 51 partes personadas, entre entidades bancarias y concesionarios que habían cedido los vehículos bajo fórmulas de alquiler y compradores europeos que habían adquirido unidades sin llegar a disponer de la documentación necesaria para circular.
Una de las primeras querellas correspondió a una firma holandesa que había pagado 233.000 euros por 25 vehículos a Autoclick en octubre de 2017 y que recibió los coches sin los papeles que acreditaban su propiedad.
La localización de Llinás no se produjo hasta octubre de 2024, seis años después del arranque de la investigación, cuando las autoridades de Taiwán lo identificaron en el país asiático y verificaron su inclusión en las listas de reclamados por Interpol.
La deportación inicial lo situó en Fráncfort, donde permaneció cerca de un mes en prisión provisional, antes de su traslado a España a finales de noviembre de ese ejercicio, al amparo de una orden europea de detención y entrega.
Prisión provisional ratificada y archivo para el resto de familiares
Ya en territorio nacional, el empresario compareció por videoconferencia ante el juzgado de instrucción número 9 de Palma y se acogió a su derecho a no declarar.
Su abogado, Bartolomé Salas, pidió la puesta en libertad al denunciar «indefensión» por falta de acceso a la causa, petición que el magistrado rechazó al apreciar riesgo de fuga y una pena elevada sobre el acusado, por entonces cifrada en ocho años de prisión, con el respaldo del Ministerio Fiscal y de una docena de acusaciones particulares.
Durante la instrucción, el magistrado sostuvo siempre la imputación sobre los dos hermanos del empresario que habían tenido participación en algunas de las sociedades del grupo pero, tras cerrar las diligencias, acordó —con el aval de la Fiscalía— archivar el procedimiento contra ambos al no encontrar indicios de intervención en el presunto fraude.
Hay que decir que dicho sobreseimiento se circunscribió también a un comercial y a la directora de ventas y compras de Autoclick.
En la vista que se abre este miércoles en la Audiencia Provincial de Palma hay personadas casi un centenar de acusaciones particulares, en su mayoría concesionarios y entidades financieras.
La reclamación de indemnizaciones ha quedado excluida del proceso penal y se tramitará en paralelo dentro del procedimiento concursal abierto en un juzgado de lo mercantil de Palma de Mallorca.
Lee más sobre el caso:
• La Interpol busca a los propietarios de Autoclick por estafa
