La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y el presidente de la Asociación Española de Renting (AER), José-Martín Castro Acebes —a título personal—, enviaron sendas misivas a la Comisión Europea el pasado mes de septiembre en las que criticaron la adopción de la normativa que exige unas cuotas mínimas de electrificación a los vehículos corporativos, y a la que Bruselas ha dado luz verde el pasado 16 de diciembre, advirtiendo de que su puesta en marcha provocará distorsiones en el mercado y el efecto contrario al que se busca.
En ambas cartas, a las que ha accedido Fleet People, se destaca la potencial inoperancia que supondrá la imposición de cuotas mínimas de electrificación a las flotas de vehículos, y en el caso particular de Anfac, se proponen una serie de medidas concretas que podrían coadyuvar a un crecimiento comercial más rápido, pero natural, del vehículo electrificado de empresa.
Uno de los grandes inconvenientes en la aplicación de la norma esgrimidos por el presidente de AER es que “puede ser una normativa que incrementa las cargas regulatorias actuales por ya existir para la misma finalidad la normativa CSRD”.
En este particular, Castro Acebes apunta “a una duplicidad normativa para el mismo fin” ya que “la hipotética normativa [la Clean Coporate Fleets sobre la que se basa la resolución aprobada el 16 de diciembre] es redundante e incrementa las cargas regulatorias. Lo es porque las normativas de sostenibilidad ya exigen a las empresas un seguimiento de determinados valores, objetivos y planes de remediación, sobre sus emisiones, directas e indirectas, de CO2 según las normas derivadas de la Directiva sobre Reporte de Sostenibilidad Corporativa”.
Además de ello, el responsable de AER alertaba en su misiva de lo inconveniente de aplicar un “componente imperativo” en la norma —como así ha sucedido finalmente—, ya que de ello podrían derivarse “riesgos económicos para las compañías afectadas” que podrían generar “distorsiones en el mercado en el que operan”.
El directivo alude como ejemplo a los vehículos eléctricos de alta gama, “severamente afectado por la llegada de tecnología eléctrica más eficiente y a menor precio (…) esta situación genera pérdidas latentes a las empresas que efectuaron las inversiones y ven cómo ahora no les es posible su recuperación”.
También se refería Castro Acebes en su misiva al alargamiento de “la cadena de subcontrataciones hacia empresas de menor tamaño” o, incluso, a que la normativa aprobada el día 16 “puede implicar incluso que soluciones actuales de movilidad decaigan, como el vehículo de empresa, de tal forma que se trasladen estas necesidades a sus trabajadores”.
Como resultado de todo ello, el responsable de AER se refería de modo concreto a que la conjugación de estas vicisitudes anteriores podría “alterar seriamente el funcionamiento del mercado de la automoción de empresas, disminuyendo su tamaño y deprimiendo el mercado de segunda mano, por una menor oferta de vehículos y a precios menos competitivos”.
Anfac: IRPF, Impuesto de Sociedades y cero IVA para electrificados
En una línea similar a lo expresado por el presidente de la Asociación de Renting se mostraba en su carta dirigida a Bruselas Anfac, que argumentaba de modo meridiano que “no deben fijarse objetivos obligatorios sin un apoyo claro, eficaz y duradero que dé confianza a los consumidores para avanzar en la electrificación de las flotas”.
La patronal remarca en su misiva que “la introducción de cuotas obligatorias antes de tiempo, antes de que el mercado esté preparado para asumir este aumento con la confianza de los consumidores y la infraestructura necesaria, puede tener un efecto contrario, haciendo que la flota de vehículos sea aún más antigua”.
Además de ello, también hace hincapié en un elemento clave para el ecosistema del renting y las flotas, los valores residuales, apuntando que “la incertidumbre” sobre ellos “provocará una prolongación de los períodos de tenencia en detrimento del mercado y la producción europeos” si se aprobara la normativa de cuotas mínimas electrificadas para las flotas, tal y como se ha constatado finalmente.
Aducía también en su redactado Anfac a que “deben evitarse las medidas de carácter coercitivo o punitivo o que supongan costes significativos para las empresas”, y abogaba “incentivos fiscales predecibles” y “orientados a la demanda”.
En cuanto a medidas específicas orientadas a incrementar el mercado corporativo de vehículos eléctricos de una manera natural, Anfac propone de modo fehaciente “aumentar las desgravaciones fiscales elevadas (IRPF) por el pago en especie de vehículos de empresa con cero emisiones”, así como la deducción en el impuesto de sociedades “por la inversión en flotas de vehículos con motorización eléctrica, así como por la infraestructura de recarga en sus instalaciones”.
De igual modo, la patronal del motor español alude igualmente a la “amortización libre de las inversiones en vehículos de cero emisiones vinculadas a la actividad de la empresa”, e “impulsar un tipo reducido o nulo para los vehículos electrificados en la Directiva del IVA, que sea opcional para cada Estado miembro”, que, en el caso de las empresas, podría ser una “reducción total del IVA pagado por las empresas que adquieran vehículos electrificados” y la “exención del impuesto de circulación para los vehículos de cero emisiones”.
