La compañía de VTC Uber ha apartado 12.500 millones de dólares (10.748 millones de euros al cambio actual) dentro de su propia filial de seguros para autocubrirse respecto de futuros accidentes de tráfico en los que potencialmente se vea afectada su división de vehículos autónomos, una cifra que se ha duplicado desde 2023, según ha asegurado Consumer Watchdog, la Organización de Defensa del Consumidor estadounidense.
Con esa provisión de fondos de reserva propia, Uber estaría buscando un modo adicional de financiar el despliegue de la flota de taxis autónomos en Estados Unidos en cuanto consiga limitar por ley su responsabilidad por dichos accidentes.
Dicha reserva de fondos no se habría contratado con una aseguradora externa al uso, sino que la propia compañía se ha autoasegurado a través de Aleka, una filial de seguros que posee en propiedad y con la que ha podido acumular «en casa el dinero que de otro modo habría pagado en primas a un asegurador independiente», según Consumer Watchdog (WC).
El dinero en reserva no puede utilizarse técnicamente ya que debe estar disponible para indemnizar futuros accidentes, pero si Uber consigue que las legislaciones de California, Nueva York, Indiana y Nevada rebajen el techo de las indemnizaciones que se paga a las víctimas (WC vincula la maniobra de Uber un referéndum pendiente para este año en California y a las también reformas de responsabilidad civil ya en marcha en Nueva York, Indiana y Nevada), la cifra total cedería de un modo cuantioso y la compañía podría liberar los fondos como «caja disponible» y con unas ventajas fiscales de hasta 10.000 millones de dólares (8.598 millones de euros), según ha documentado Consumer Watchdog en un informe sumamente detallado al respecto.
Toda esa cantidad liberada la invertirá Uber, según la organización, en «acelerar el despliegue de su flota de taxis autónomos en Estados Unidos».
Consumer Watchdog ha resumido esta práctica de un modo directo y sin ambages tras asegurar que «la estrategia corporativa de Uber es clara: limitar la responsabilidad, sobrerreservar y reinvertir el ahorro en taxis autónomos».
El referéndum y la palanca
Consumer Watchdog ha añadido que «víctimas inocentes de accidentes están siendo ‘invitadas’ a renunciar a sus derechos para recuperar daños por lesiones en cualquier accidente de tráfico, mientras Uber y sus directivos se lucran con esta cínica estrategia».
En la actualidad, el Estado de California permite que las leyes se modifiquen por votación popular directa, sin necesidad de pasar por el Parlamento estatal. Uber financia la campaña a favor de una de esas votaciones, que se dirimirá a lo largo de este año, porque si sale aprobada podrá rebajar lo que tendrá que abonar a las víctimas de accidentes y complicar, de paso, el acceso de estas a los tribunales, considera la entidad de defensa del consumidor.
La propuesta —de salir adelante— recortaría el dinero que las víctimas podrían cobrar por sus gastos médicos tras un accidente y dificultaría también que encuentren abogado para reclamar. En la práctica, una víctima sin recursos apenas podría llegar si quiera a juicio contra una multinacional como Uber, según Consumer Watchdog, que incluso ha definido dicho escenario como una eventual «licencia para matar», ya que limita al demandante al acceso a un abogado que acceda a cobrar al final del juicio a porcentaje, si es que lo gana, y debido a que no puede pagar uno por adelantado.
Junto a la operación financiera, el informe documenta igualmente que el principal responsable de políticas de Uber expuso de forma inexacta los costes y la estructura de los seguros de la compañía ante la legislatura del Estado de California durante el pasado año.
El ejecutivo defendió allí la aprobación de la SB 371, una norma californiana que rebajaría la cobertura mínima que Uber debe ofrecer a los conductores sin seguro propio que sufren un accidente con un coche de la plataforma.
