El sector de las flotas de vehículos de Francia ha dado la voz de alarma y está criticando con dureza al Gobierno ante las potenciales multas ecológicas a las que se enfrentan las empresas que cuentan con flotas de automóviles, lo que pondría en jaque, especialmente, a las compañías de rent a car y las de renting que operan en el país.
Las protestas del sector, encabezadas por la asociación Mobilians, que representa a 180.000 empresas con más de medio millón de empleados del ámbito del comercio y reparación de automóviles y sus pymes, critican una enmienda presentada recientemente por el diputado Jean-Luc Fugit a la Ley de Finanzas de 2025, que incluiría sanciones de 2.000 euros por coche a las empresas que no ecologicen sus flotas de vehículos con la celeridad que lleva requiriendo el Gobierno desde 2019.
Esa Ley de 2019 impone una serie de tramos ecológicos para las flotas de empresa y que obligan, en el proceso de renovación de una compañía, a ir adquiriendo en cada una de ellas un porcentaje mayor de vehículos ecológicos.
De salir adelante, dicha enmienda acarrearía graves consecuencias a las empresas de renting y rent a car, puesto que la Ley las equipara con una empresa convencional, si bien su funcionamiento de compras es completamente diferente.
Las empresas de rent a car, especializadas en el alquiler a corto plazo de vehículos, se han quejado con amargura de esta propuesta, ya que señalan que su modelo de negocio se basa en la compra de automóviles cada pocos meses y en gran volumen. Introducir en esas compras una variable de un 20% de vehículos eléctricos, por ejemplo, daría al traste con sus cuentas económicas, ya que aseguran que, hoy por hoy, ni los turistas ni sus estantes clientes piden vehículos eléctricos cuando alquilan un coche.
En el caso de las empresas de renting, su situación es similar, ya que los plazos de ecologización oficiales no discurren en línea con las preferencias de tecnología de sus clientes empresariales, que básicamente no quieren tantos coches ecológicos.
Si el cliente no quiere eco, no se le puede obligar
Al respecto, tanto las empresas de renting como las de rent a car han expresado su desasosiego por ser tratadas del mismo modo que una empresa convencional, que cuenta con plazos de renovación de flota propia mucho más elevados que los de una de renting o de rent a car, que cada año renuevan decenas de miles de vehículos.
La Ley francesa estableció en 2019 que las empresas del país —sin hacer distinción— que gestionen una flota de más de cien vehículos “están obligadas a incluir una proporción mínima y creciente de vehículos de bajas emisiones en sus renovaciones anuales”, según está redactado en la Ley de Orientación de la Movilidad de 24 de diciembre, consultado ex profeso por Fleet People.
Dicha Ley señala que, desde el 1 de enero de 2022, al menos el 10% de los vehículos renovados cada año por las empresas deben ser vehículos de bajas emisiones, una proporción fijada en el 20% desde este 2024 y que deberá alcanzar el 40% a partir de 2027 y el 70% a partir de 2030.
En el caso de las grandes empresas de VTC y de taxis, con más de cien vehículos, la norma indica que deben contar con una proporción mínima de vehículos de bajas emisiones en servicio del 10% desde este año, del 20% a partir de 2027 y del 35% a partir de 2029. Estos porcentajes, para las empresas de reparto del tipo Glovo con más de 50 empleados, es del 20% hasta finales de este ejercicio, del 50% a partir de finales de 2025, del 80% a partir de finales de 2027 y del 100% a partir de finales de 2030.
Una propuesta de enmienda «anacrónica»
La asociación Mobilians se ha quejado de modo directo de la enmienda lanzada por Fugit, tildándola como “anacrónica”, y ha lamentado el hecho de que diversos actores del sector de la movilidad llevaban “meses” negociando en buena sintonía con el Gobierno en relación con los porcentajes aplicables de vehículos de bajas emisiones.
“Reiteramos la necesidad de poner fin a la proliferación de iniciativas a corto plazo y descoordinadas para adoptar un enfoque pragmático”, ha asegurado la patronal.
En este sentido, Mobilians ha reiterado que “los objetivos de ecologización asignados a los gestores de flotas por la Ley de Orientación de la Movilidad no distinguían entre las flotas corporativas destinadas a sus empleados y las flotas de las empresas de alquiler a corto plazo, que no tienen los mismos usos o destinos y están destinadas a los clientes. La enmienda presentada tampoco lo hace”.
“La ecologización de las flotas” —ha finalizado Mobilians— “es esencial si queremos cumplir nuestros objetivos de descarbonización, pero no debe lograrse a expensas de la realidad operativa. Las empresas de renting y de rent a car pueden aplicar la trayectoria de la ley propuesta a sus empleados, pero no a sus clientes, que siguen siendo libres de tomar sus propias decisiones”.
