Los particulares y empresas que compraron vehículos nuevos entre febrero de 2006 y agosto de 2013 de las marcas involucradas en el denominado Cártel de los Fabricantes de Coches podrán presentar sus reclamaciones a los fabricantes implicados en este caso hasta el próximo 20 de abril, según la Agrupación de Afectados por el Cártel de los Coches (AACC).
«Es muy importante en estos momentos paralizar la prescripción de la acción, porque, una vez sobrepasado el plazo de un año, los afectados corren el riesgo de que ya no puedan reclamar», ha explicado Atilano Vázquez, socio del despacho Cremades & Calvo-Sotelo.
Así, se procederá a presentar una reclamación previa a los diferentes fabricantes implicados en el cártel, con la finalidad de poder llegar a un acuerdo indemnizatorio, y en caso de no alcanzarse, se pondrán en marcha acciones judiciales.
Con las cifras de adheridos que maneja en este momento la AACC, la reclamación a los fabricantes implicados podría superar el importe de 200 millones de euros, cantidad establecida sobre el sobreprecio que los afectados pagaron por la compra de su vehículo.
Madrid, Andalucía y Cataluña son las comunidades autónomas en las que se han recogido mayor número de reclamaciones, acumulando más del 50% y una cuantía aproximada de 74 millones de euros. Por marcas, Seat, Citroën y Volkswagen son las que contabilizan mas reclamantes adheridos a la AACC.
Cártel de los fabricantes de coches
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) concluyó en 2015 que la antigua PSA (ahora parte de Stellantis), Ford, General Motors, Fiat, Nissan, Toyota, BMW y una quincena de empresas más intercambiaron información confidencial de manera continuada para controlar el mercado de la distribución de vehículos, así como de servicios posventa de reparación, mantenimiento y recambio de piezas.
El órgano regulador impuso a los fabricantes la mayor multa de su historia, 171 millones de euros repartidos entre 23 empresas. La Audiencia Nacional confirmó las sanciones impuestas por la CNMC en sentencias dictadas en diciembre 2019, desestimando los recursos presentados por las empresas involucradas.
Durante el año pasado la Sala III de lo Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación presentados por 15 de los fabricantes y, por tanto, siendo firmes las multas impuestas por prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia, esperando que en poco tiempo se adopte el mismo posicionamiento con el resto de compañías implicadas en la trama.
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