La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha adjudicado la compra de 120 autobuses eléctricos por un importe conjunto superior a 79 millones de euros sin impuestos, una operación articulada en dos contratos diferenciados que incorpora por primera vez vehículos articulados eléctricos al servicio urbano de la capital.
El primer contrato, dotado con un presupuesto máximo de 55,35 millones de euros, comprende 90 autobuses estándar eléctricos repartidos entre dos fabricantes.
Al respecto, Irizar, la compañía vasca especializada en autobuses, suministrará 50 unidades del modelo Iebus por un importe de hasta 30,75 millones de euros, mientras que Mercedes-Benz aportará 40 unidades del Ecitaro por un total de hasta 24,6 millones.
El segundo contrato, por 24 millones de euros, ha reacído en la firma polaca Solaris y cubrirá 30 autobuses articulados de 18 metros del modelo Urbino 18, que constituyen la primera incorporación de este segmento de vehículo al parque eléctrico de la empresa municipal madrileña.
Los articulados, a Carabanchel; los estándar, a Fuencarral y Sanchinarro
La llegada de los vehículos se producirá de forma progresiva entre el ejercicio actual y el primer semestre de 2027, con una distribución operativa definida por centros en la que los articulados de Solaris se integrarán en el Centro de Operaciones de Carabanchel para operar en la línea 34, las unidades de Mercedes-Benz se destinarán a Fuencarral y las de Irizar a Sanchinarro.
Hay que apuntar que la EMT ya cuenta con 452 autobuses eléctricos en servicio y que con esta incorporación la empresa prevé superar el umbral del 25% de flota electrificada en 2027.
Respecto de las condiciones técnicas, los pliegos exigen una autonomía mínima de 400 kilómetros para los autobuses estándar y de 320 kilómetros para los articulados, además de una garantía de tres años para el conjunto del vehículo —incluidos los sistemas de tracción y la electrónica de potencia— y de 10 años para las baterías, el chasis y la estructura.
Otro punto que singulariza estos contratos reside en la incorporación de criterios de sostenibilidad en la fabricación, con valoración del uso de materiales reciclados o de origen verde y exigencia de especificar su peso relativo sobre el total del vehículo. Cada unidad deberá incluir además un desfibrilador como equipamiento obligatorio.
