El proceso de instalación de una estación de carga ultrarrápida en España puede tardar hasta tres años, un plazo que contrasta con una media europea que se ubica al rededor de los 18 meses, de acuerdo con la compañía Fastned, que cuenta con unas 350 estaciones de servicio de carga y más de 2.100 cargadores en Europa.
Fastned ha explicado que, del periodo de tres años especificado, únicamente cuatro meses corresponden a la construcción de la infraestructura, mientras que el resto del tiempo se destina a la obtención de permisos y la conexión a la red eléctrica.
Al respecto, la empresa ha propuesto una serie de medidas concretas para mejorar este marco temporal y acelerar la transición del vehículo eléctrico en nuestro país.
Entre otras medidas, Fastned ha apostado por la publicación de un mapa nacional que identifique los puntos de conexión disponibles y la potencia de la red, así como la fijación de plazos de respuesta de un máximo de 30 días para todos los trámites con las distribuidoras eléctricas, «con garantías de cumplimiento».
También plantea la firma mejorar la comunicación entre las distribuidoras y los operadores en proyectos de alta potencia, «evitando los actuales canales de atención telefónica genérica», y además sugiere que las obras de conexión eléctrica puedan iniciarse en paralelo a la construcción de la electrolinera, «sin necesidad de esperar a la finalización de la estación».
En el ámbito municipal, Fastned propone extender la declaración responsable a todas las infraestructuras vinculadas a la recarga eléctrica, «incluidos transformadores, marquesinas y conexiones a la red».
Silencio Administrativo positivo
También aboga por establecer «plazos administrativos claros» y aplicar la figura del «silencio administrativo positivo» para agilizar la concesión de permisos cuando no se reciba respuesta en el plazo establecido.
Asimismo, recomienda la emisión de una nota informativa que facilite la interpretación de la normativa aplicable a las estaciones de carga a los técnicos municipales.
En cuanto a la autorización de estaciones de servicio en carreteras, la compañía plantea reducir a un máximo de 60 días el plazo de respuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, frente a los seis meses actuales.
Fastned propone igualmente en este apartado aplicar el «silencio administrativo positivo» en caso de que no se cumpla el plazo establecido y homogeneizar los documentos requeridos por las distintas demarcaciones de carreteras, «garantizando visibilidad sobre estos requisitos antes de la presentación del proyecto».
A finales de 2024, España disponía de 38.725 puntos de recarga para vehículos eléctricos, según datos de la patronal del automóvil Anfac citado por Fastned, que apunta que, sin embargo, «la mayoría de estos están ubicados en zonas urbanas y solo el 8,4% dispone de potencias ultrarrápidas, iguales o superiores a 150kW».
Esta distribución «limita la movilidad de los vehículos eléctricos, ya que la infraestructura de carga ultrarrápida sigue siendo insuficiente en vías interurbanas y áreas de influencia urbana», ha puntualizado la compañía.