La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido la revisión de las obligaciones de información que pesan sobre las empresas operadoras de puntos de recarga eléctrica para vehículos en un informe aprobado el pasado 27 de abril en el que advierte de que el sistema vigente «impide al conductor conocer el coste real del servicio».
El informe se enmarca en la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica de modificar la Orden TED/445/2023, la norma que fija qué datos deben remitir las recargadoras al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, con el doble objetivo de aligerar trámites y cumplir con el Reglamento europeo de infraestructura de combustibles alternativos.
De acuerdo con el informe de Competencia, en un mismo punto de recarga pueden intervenir el dueño del cargador, la empresa proveedora del servicio de movilidad eléctrica, las plataformas de pago, las aplicaciones, los acuerdos de interoperabilidad o las tarifas vinculadas a clientes registrados.
Esa pluralidad de actores «no se traslada con claridad al usuario», en opinión del supervisor.
«Hoy el conductor solo dispone del precio por operación (ad hoc price) que fija el dueño del cargador, pero no puede ver ni comparar las tarifas que cada proveedor de movilidad eléctrica aplica a sus clientes en ese mismo punto», ha especificado la CNMC,q ue propone que el operador especifique de quién es la cifra publicada.
Esos precios tampoco reflejan el coste final del servicio, dado que las tarifas pueden incluir un importe fijo por inicio de recarga, un precio por tiempo de carga y un cargo por tiempo de ocupación del cargador adicionales al precio por kilovatio-hora, según el informe, que plantea reconsiderar si las obligaciones actuales «sirven para la finalidad perseguida».
El supervisor también ha rechazado que el origen renovable de la electricidad suministrada en los puntos de recarga pueda tratarse como un dato confidencial cuando afecta a la transparencia que debe recibir el usuario, en línea con la normativa europea y nacional sobre etiquetado del origen de la energía.
17.000 puntos no están operativos
La propuesta modifica además los anexos de la norma vigente para adelantar la recogida de datos sobre ventas y origen de la electricidad conforme al Reglamento (UE) 2023/1804, con un periodo de carencia hasta el 1 de octubre de 2026 para empezar a remitir las cifras dinámicas de ventas en el servicio.
Copetencia ha explicado que Red Eléctrica se encarga de recoger y tratar la información dinámica del Sistema de Gestión y Visualización tras ser designada Entidad Responsable por el Real Decreto-ley 4/2024.
Ese sistema centraliza el precio de venta al público y la disponibilidad para los cargadores de potencia igual o superior a 43kW, mientras que los de potencia inferior pueden integrarse de forma voluntaria.
España ha alcanzado 55.077 puntos de recarga de acceso público en el primer trimestre de este año, tras sumar 2.005 cargadores y un avance del 3,8% trimestral, con un crecimiento destacado de la red de muy alta potencia a partir de 250kW, según el último Barómetro de Electromovilidad de la patronal ANFAC, que también señala que 17.073 puntos instalados continúan sin estar operativos.
La asociación Aedive cifra la inversión acumulada en infraestructura de recarga pública en España en 1.290 millones de euros hasta el pasado octubre de 2025.
