A mediados de 2020, el Gobierno anunció un ambicioso plan que persigue la renovación de una parte muy importante de su flota pública, teniendo en cuenta criterios estrictamente sostenibles.
Se trata, a través del “Plan de Impulso de la cadena de valor de la industria de automoción”, efectuar el cambio de al menos 10.500 vehículos de la Administración general del Estado en un horizonte de dos ejercicios.
“En el corto plazo” como expone el propio documento público, se busca cambiar el parque móvil de 17 Ministerios, encaminando este sistema hacia automóviles con cero emisiones. Completamente eléctricos. 10.500 vehículos.
El parque de la Administración General del Estado dispone de un presupuesto asignado de aproximadamente 9.535 euros para renovar cada vehículo, si es que se optara por renovar toda la flota pública de 10.500 vehículos y en los dos años de plazo establecidos por el Ejecutivo.
Cabe decir, al respecto, que el automóvil eléctrico puro más económico del mercado cuesta exactamente el doble que la cifra explicada: 18.500 euros hay que abonar por un Seat Mii cien por cien eléctrico en el caso de que se desee una compra pura. Y sin tener en cuenta ni la infraestructura de recarga ni el propio sistema de carga.
A finales de 2019, y según datos obtenidos por Fleet People, las dependencias del Parque Móvil del Estado contaban con 74 puntos de recarga para coches eléctricos, con capacidad para dar servicio a 105 vehículos.
La redacción del plan del Gobierno indica también, eso sí, una salvedad a la norma eléctrica, y es que se puede alterar el espíritu del anuncio “si no existen vehículos CERO que cumplan con las necesidades mínimas del servicio, en cuyo caso podrán sustituirse por vehículos con la etiqueta ECO”.
Hay modelos en el mercado movidos por gas que sí que encajan en el presupuesto fijado por el Gobierno —cien millones de euros— y a partir de 10.000 euros, lo que posibilitaría el objetivo de compra ECO, pero no por ello redundaría en una reducción destacable de las emisiones al medio ambiente, el que se supone es el objetivo único de este plan.
Los vehículos movidos por gas licuado de petróleo (GLP), por ejemplo, ofrecen muchas oportunidades de ahorro y emiten menos emisiones, pero hay que decir que aproximadamente entre 40% y 45% de su autonomía está asociada a esta tecnología limpia, en tanto que el resto se corresponde con un propulsor convencional de gasolina.
En el caso del gas natural comprimido o GNC, esta opción ofrece una horquilla de autonomía limpia bastante más elevada, por ejemplo en el caso de Seat con sus TGI, que cuentan con más o menos el 75% de la autonomía del vehículo en gas y el resto, en combustible fósil tradicional.
Flota: 5.794 diésel con más de 10 años
El Estado ha detectado ya que cuenta con un volumen mínimo de 5.794 vehículos con propulsión diésel y más de una década de antigüedad, por lo que se convertirán, probablemente, en los primeros en salir de la flota pública.
A lo largo del año pasado, y según una respuesta parlamentaria que efectúa el propio Gobierno, ya se habían presentado solicitudes para formalizar la adquisición de más de 1.500 vehículos con criterios “ecológicos”, si bien no especificó si se trata de coches completamente eléctricos o de vehículos ECO.
Hay que señalar, eso sí, que en los portales de contratación del Estado, frecuentemente consultados por esta publicación, se observan cada vez más renovaciones de flotas de vehículos destinadas a entidades públicas en las que el criterio sostenible es un factor importante. Es decir, que ya se suelen incluir y de modo habitual partidas —pequeñas, eso sí— de vehículos con etiqueta CERO o ECO.
Diésel, no: Bueno, lo compro
Tanto la respuesta del Gobierno como su propia evolución en datos, y por lo menos desde el punto de vista de su teórica intención ecológica, contrastan con viveza con la operaciones de compra de vehículos efectuadas por la Administración General del Estado y las entidades públicas adscritas.
Durante los 10 primeros meses del ejercicio pasado —los últimos datos oficiales disponibles—, la Administración adquirió un total de 3.117 automóviles con propulsión diésel, 15 vehículos híbridos y apenas 26 unidades cien por cien eléctricas. El 97% del total adquirido, nuevo, dispone de motor de gasóleo.
La cifra no es que sea elevada, es que es la más alta de la que se tiene constancia en el registro obtenido por Fleet People, que solo ofrece los años 2015 y 2017 con datos de adquisición de vehículos diésel con cantidades no cercanas, pero sí las más elevadas de la serie después de 2019: un total de 1.568 diésel en 2015 y 2.068 en 2017.
Si se tiene en cuenta toda la serie histórica y hasta octubre de 2020, el Estado cuenta en su flota de utilización pública con 870 automóviles cien por cien eléctricos, lo que representa el 2,4% del total de su flota, 659 híbridos con motor de gasolina y otro de apoyo eléctrico, que suman el 1,8% del total, 129 de gas natural, que aportan el 0,35%, nueve de gas y un híbrido diésel.
En conjunto, el Registro de Vehículos del Estado tiene consignados 36.139 —o 36.242, existe una ligera variación discrepante— unidades a cierre de 2019, el último año consignado, con un incremento del 3,6% equivalente a unos 1.250 automóviles.
De esta cantidad, 12.400 unidades se corresponden con derivados comerciales, furgonetas y furgones, 9.500 escúteres, unos 5.300 con automóviles de turismo convencionales, 4.000 SUV y todoterrenos y 1.400 camiones, principalmente. Del total de compras efectuadas por la Administración hasta octubre pasado, la mayoría fueron derivados comerciales, con casi 1.950 unidades, más 362 turismos y 535 SUV y 4×4.
Teniendo en cuenta esta radiografía del sector público automovilístico y los 6.000 vehículos que pretende renovar el Ejecutivo en el corto plazo, tanto las compañías de renting como las propias empresas cautivas de los fabricantes de automóviles se mueven con relativa cautela en nuestro país.
Uno de los puntos básicos que se siguen observando en los pliegos de condiciones técnicas de carácter estatal es la “no obligación”, por así decirlo, de utilizar vehículos con cero emisiones. Es decir, se especifica la tipología del vehículo y su propósito, pero no ha sido hasta los últimos meses cuando los pliegos empiezan a especificar, aunque gota a gota —de muy pocos vehículos en muy pocos vehículos—, las características técnicas propias de los vehículos con cero emisiones.
El modo más sencillo para introducir flotas puramente eléctricas, de acuerdo con fuentes del sector, sería desarrollar redactados de pliegos con condiciones inversas, que penalicen expresamente la oferta de vehículos provistos de propulsiones de combustión interna.
