La entidad de defensa de los derechos de los conductores Dvuelta ha advertido de que la entrada en vigor, el próximo 1 de enero de 2026, de la prohibición de circulación de los vehículos sin etiqueta medioambiental en la ciudad de Madrid «tendrá un impacto social y económico significativo» ya que, según la organización, la sustitución forzosa de los vehículos afectados «supondrá un coste global de entre 6.000 y 9.000 millones de euros para familias, autónomos y pymes».
Dvuelta estima, asimismo, que la medida afectará a más de 300.000 vehículos de uso diario, equivalentes a más del 15% del parque madrileño.
Sustituir un automóvil que no cumpla las condiciones exigidas por la ordenanza supondría un desembolso medio de entre 20.000 y 30.000 euros, una cifra que, en la opinión de la entidad, «resulta inasumible para la mayoría de los ciudadanos».
El portavoz de DVuelta, Pedro Javaloyes, ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló en septiembre de 2024 la ordenanza que regula las Zonas de Bajas Emisiones, y que el proceso «se encuentra actualmente pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo».
Bajo estas circunstancias, Dvuelta ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que posponga la entrada en vigor de la norma “por prudencia jurídica y sentido común”.
Efecto desigual e impacto en rentas bajas
La organización sostiene que la medida tendrá un efecto desigual al «afectar especialmente a los conductores con menor capacidad económica».
Según sus cálculos, en distritos como Carabanchel, Villaverde, Vallecas o Usera más del 35% de los hogares utilizan a diario vehículos sin etiqueta ambiental, lo que podría «limitar gravemente su movilidad «a partir de enero de 2026.
Dvuelta ha advertido además de que la exclusión de vehículos antiguos repercutirá en el empleo, al impedir que muchos trabajadores accedan a su lugar de trabajo o mantengan sus actividades profesionales, «especialmente en sectores como el transporte, el mantenimiento o el reparto urbano»
La entidad cuestiona también el argumento medioambiental de la medida y considera que «no se ha valorado adecuadamente» la huella ecológica del achatarramiento masivo de vehículos ni la fabricación de los nuevos.
En este sentido, DVuleta ha propuesto «un plan alternativo» basado en una transición progresiva, ayudas directas a las rentas más bajas, mejoras del transporte público y sistemas de verificación técnica que acrediten el nivel real de emisiones de cada vehículo.
