Como las bolas de billar en manos de malos jugadores, la Ley de Movilidad Sostenible se halla dando vueltas por las dependencias del Congreso de los Diputados desde 2022 sin que nadie sepa con certeza cuándo acabará encontrando la tronera que le corresponde.
La última novedad al respecto la conocimos hace ya dos meses de labios del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, quien —en un acto convocado por la CEOE— dijo confiar en que el proyecto sería una realidad durante la primera mitad de 2025. Veremos.
En febrero del año pasado ya publicamos en Fleet People que el Consejo de Ministros había aprobado retomar la tramitación de la ley después de que se hubiera paralizado por la convocatoria de elecciones (el 23J) y volverla a remitir a las Cortes con vistas a que saliera adelante definitivamente, por procedimiento de urgencia, antes de terminar 2024.
Obviamente, esto no ha sido posible y todo el sector sigue a la espera, ya con cierto hartazgo para ser sinceros, entre otras cosas porque la película se repetía tras lo visto en diciembre de 2022, cuando el texto validado por el Ejecutivo quedó en suspenso al disolverse el Congreso antes de los comicios.
«Impostergable», según Óscar Puente
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha indicado hace poco tiempo que la ley, “que tanto espera el sector”, es ya “impostergable”.
En febrero, el día 18 concretamente, se convocó en el Congreso una ponencia a puerta cerrada para la ordenación de trabajos y presentación de propuestas, y desde entonces poco más se ha sabido, aunque todo el mundo da por hecho que la aprobación de la norma va para largo y será objeto de una dura negociación, por la conocida falta de apoyos que sufre el Gobierno.
La Ley de Movilidad Sostenible representa sobre el papel un avance clave hacia un futuro más sostenible en lo tocante al transporte. Además, de su aprobación depende el desbloqueo de una significativa inversión de 10.000 millones de euros procedentes de fondos europeos, concebidos en este caso para facilitar la transición ecológica y la infraestructura verde en el sector del transporte.
Uno de sus puntos cruciales para el mundo de las flotas reside en que obligará a las grandes empresas a adquirir un porcentaje determinado de vehículos eléctricos, lo que se entiende que desencadenará un efecto espejo tanto en pymes como en autónomos y la población en su conjunto.
A nivel general, la iniciativa legal pretende impulsar el uso del coche eléctrico, mejorar el transporte público y fomentar alternativas sostenibles que reduzcan las emisiones de gases contaminantes. Como aspiración aún más ambiciosa, busca ser un punto de inflexión en la política de movilidad de nuestro país al permitir a las ciudades avanzar hacia un modelo de transporte más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, y por supuesto alineado con los objetivos de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático.
Fomentar la Movilidad Verde
La inyección de fondos europeos iría destinada a modernizar la infraestructura de transporte del país. Se contempla además que las autoridades locales y regionales pueden acceder a estas ayudas para poner en marcha proyectos que fomenten la movilidad verde y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
Los citados 10.000 millones han de ser fundamentales para que España cumpla con los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo y con sus compromisos en materia de descarbonización. También deberían impulsar la creación de empleos verdes y contribuir a la mejora de la calidad del aire para hacer de nuestras ciudades lugares más habitables y saludables.
La futura ley se propone priorizar la movilidad activa (caminar, desplazarse en bici) y un transporte público colectivo accesible y asequible para todas las personas. También promover alternativas “atractivas” al vehículo privado, como “sistemas de transporte público a la demanda” y de movilidad colaborativa o compartida.
En palabras del Ejecutivo, se trata de avanzar en la transformación “de la ciudad de los coches” a la “ciudad de las personas”. A este respecto, recuerda que el transporte es responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, razón por la que urge avanzar en la descarbonización del sector para cumplir con los compromisos internacionales y contribuir a mejorar la calidad del aire.
Pasando de las buenas intenciones a las acciones concretas, el enunciado inicial del texto apuesta por el ferrocarril como opción prioritaria para el transporte de mercancías. Ya son famosas las palabras de Óscar Puente al respecto: “Tenemos que subir mercancías al tren y bajarlas de las carreteras”.
El propósito del Gobierno es lograr que en 2030 el 10% de todo el transporte pesado se concentre en el tren, y para ello se están creando algunas infraestructuras de calado. Entre ellas están las previstas en Algeciras, a las que se han destinado más de 1.000 millones de euros de inversión, y en los corredores Mediterráneo y Atlántico. En el mismo capítulo entra una ampliación del Puerto de Valencia diseñada para que sus tres terminales estén conectadas por ferrocarril.
Según el relato de la agencia Europa Press, José Antonio Santano se refirió en el foro antes mencionado a la necesidad de “compatibilizar los estándares de calidad con la transición” a modos de movilidad más sostenibles. “Hoy en día el transporte tiene otra ambición: busca reforzar la seguridad y la eficiencia” al tiempo que se contribuye a “la descarbonización y la cohesión social”, indicó en su intervención.
Billete único de Transporte
Sobre la posibilidad de implementar un billete único de transporte para toda España a partir de 2026, como ha propuesto Puente, Santano considera que se trata de “un reto encima de la mesa” y de una oportunidad para “mejorar la calidad del transporte y del turismo», además de ser “una palanca de igualdad de oportunidades”.
Esta iniciativa se inspira en medidas semejantes que ya se encuentran activas en otros países europeos, como en Alemania, donde existe un abono mensual de 58 euros (el Deutschlandticket) que permite el uso de trenes regionales, autobuses, metro y tranvías en todo el país y que, eso sí, excluye la alta velocidad.
Mucho se ha especulado en los últimos meses sobre el hecho de que la futura ley pudiera permitir la introducción de peajes en las autovías, algo que en principio no estaba contemplado.
Lo que sí recoge es que las autoridades municipales puedan imponer tasas para restringir el tráfico o reducir el acceso a áreas más amplias de las que abarcan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas a delimitar de acuerdo con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Un aspecto que se ensalza del proyecto legal es que, por primera vez, reconoce la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía, así como un elemento de cohesión social “que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar”.
En este marco se inscribe que, también de forma inédita, se obligue a que los grandes centros de actividad y las empresas de más de 500 trabajadores por centro, o 250 por turno, dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo.
Arval: Una oportunidad única para transformar
Se deja a las empresas margen de discrecionalidad para que escojan entre distintas alternativas, ya sea potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo, o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida, así como reanimar un teletrabajo que retrocede en muchos sectores.
Desde Arval, una de las compañías líderes del sector, se indica que la futura Ley de Movilidad Sostenible representa “una oportunidad única para transformar la movilidad empresarial y potenciar una movilidad más activa, eléctrica y compartida. Esta norma, que marcará un antes y un después en la gestión de la movilidad en nuestro país, no solo fija un marco legal, sino que impulsa una transformación cultural en las organizaciones. De hecho, convierte a las empresas en agentes del cambio, en facilitadores hacia una movilidad más amplia, sostenible y con efectos prácticos en la satisfacción de los empleados y en la eficiencia empresarial”.
La firma recuerda que es una cuestión que siguen “con precisión y el mayor de los intereses desde el Observatorio de la Movilidad de Arval, desde donde hemos podido observar el incremento gradual pero imparable de la demanda por parte de los empleados de este tipo de servicios de movilidad y cómo se han convertido en un eje fundamental de su decisión a la hora de aceptar un puesto de trabajo”.
Uno de los pilares de la ley —nos recuerda la compañía— es su apuesta por una movilidad más limpia, eficiente y equitativa.
“En este contexto, esperamos que sirva para acelerar la electrificación de las flotas, especialmente en grandes empresas, que podrán liderar con el ejemplo esta transición energética. Esto tendrá un efecto multiplicador que facilitará la adopción del vehículo eléctrico en pymes, autónomos y otros sectores que tradicionalmente han tenido más barreras de acceso a estas tecnologías”.
“En Arval estamos preparados» —prosigue— «para guiar este cambio a través de nuestra área de consultoría. Acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso: desde el análisis de datos de uso con telemetría, al estudio de viabilidad de electrificación de su flota, hasta la optimización de costes, la implantación de políticas de sostenibilidad y la definición de soluciones de movilidad adaptadas, que integren vehículos eléctricos, opciones compartidas y servicios flexibles”.
La ley considera la movilidad un derecho social y sitúa a las empresas como actores clave en la movilidad al trabajo, exigiendo una gestión activa de los desplazamientos de todos sus empleados, no solo de aquellos que disponen de coche de empresa.
Esto implica repensar los modelos tradicionales, incorporar herramientas de movilidad compartida y ofrecer alternativas más sostenibles. Y, sobre todo, significa integrar la movilidad en la estrategia global de la empresa, con impacto directo en áreas como Recursos Humanos, RSC o incluso Energía, explica también Arval.
Para Ayvens es «un paso clave»
Como en todo gran desafío, aquí hay una gran oportunidad, asegura la empresa de renting: “Quienes conviertan la movilidad en una ventaja competitiva podrán atraer y fidelizar talento, mejorar su huella ambiental y construir una marca interna coherente y moderna. En Arval estamos convencidos de que anticiparse a lo que viene es la mejor manera de liderar. Una vez más, la nueva ley es un elemento con una voluntad claramente dinamizadora que desde Arval queremos multiplicar y hacer accesible a todo el tejido empresarial”.
Por parte de Ayvens, David Henche, su responsable de comunicación y ESG en España, indica a Fleet People que la Ley de Movilidad Sostenible representa “un paso clave en el camino hacia la transición energética, especialmente en el ámbito de las flotas corporativas”, aunque su puesta en marcha necesita a su juicio “prudencia y visión a largo plazo”.
“La promesa de una movilidad más accesible y sostenible es ambiciosa y necesaria, pero también enfrenta importantes desafíos estructurales. Entre ellos, la electrificación del parque de vehículos y la mejora de la infraestructura de recarga, así como garantizar la verdadera accesibilidad del sistema a todos los ciudadanos y empresas”, señala.
“Somos conscientes de que nos encontramos en un momento de cambio profundo. La evolución del sector es inevitable y, como sociedad, debemos estar preparados para adaptarnos a este nuevo paradigma. Sin embargo, esta adaptación debe hacerse con responsabilidad, planificación y, sobre todo, sentido común”, recalca.
En Ayvens, concluye su responsable en temas de gobernanza, “asumimos un rol clave en este proceso de transformación. Como proveedores de movilidad para nuestros clientes, estamos en una posición estratégica para acelerar la electrificación de la movilidad. Nos comprometemos activamente con la sostenibilidad, asumiendo el riesgo de inversión al adquirir, gestionar y mantener los vehículos que ofrecemos a nuestros clientes. Creemos firmemente que descarbonizar el transporte es una necesidad urgente, pero también una cuestión de racionalidad económica y social”.
