La automoción, en la encrucijada: ¿Pero es que de verdad va a morir el diésel?

Sin saber muy bien ni cuándo, ni cómo, ni porqué, lo cierto es que estamos viviendo en primera persona lo que puede ser el final del combustible diésel, o por lo menos, el inicio de un largo camino hacia su desaparición.

La mayor preocupación por el medio ambiente, las emisiones contaminantes en las ciudades y, sobre todo, el estallido del caso Volkswagen, con trucaje de motores de gasóleo incluido, han ido minando la relativamente buena imagen con la que contaba esta tecnología.

Poco a poco, el tener un automóvil impulsado con gasóleo ha pasado de representar un símbolo de modernidad y de ahorro de combustible a mutar hacia un objeto con los días contados, con una mala imagen, y, que, si fuera por todas las declaraciones políticas y de otros estamentos que se están produciendo, sería sustituido al instante por un coche eléctrico.

Todo ello, sin tener en cuenta, si quiera, si es viable una transformación rápida de la movilidad actual basada en los motores de combustión hacia otra orientada hacia los vehículos de energías alternativas.

Todo este totum revolutum respecto del diésel ha tomado un cariz internacional, ya que las ventas de este tipo de vehículos están bajando en muchos países europeos, que es la región donde mayor demanda de coches de gasóleo hay. Este cambio de tendencia se explica tanto por la mejora de la eficiencia de los propulsores de gasolina, como por la mayor conciencia medioambiental y por la mala imagen que está adquiriendo dicha tecnología.

Sin embargo, este deterioro de imagen internacional ha traspasado las fronteras nacionales y ha calado a fondo entre algunos grupos sociales.

Con la llegada a La Moncloa del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, esta guerra contra el diésel se ha intensificado, hasta el punto de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, haya hecho declaraciones sentenciando a este tipo de vehículos.

Ribera indicó que el diésel tenía “los días contados” y que su impacto sobre la calidad del aire es lo suficientemente importante como para “ir pensando en un proceso de salida”. Declaraciones que dejan clara la intención del nuevo Ejecutivo y que adelantan lo que puede ser una subida de impuestos sobre el gasóleo, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha salido a explicar que no afectaría a los profesionales que necesitan el vehículo como herramienta de trabajo.

Jarro de agua fría

Como no podía ser de otro modo, estas declaraciones han sido un jarro de agua fría para gran parte del sector automovilístico en España, que tiene un modelo de negocio en el que el diésel juega un papel de gran relevancia. Desde diferentes foros han salido voces para criticar este comentario de la ministra Ribera, defendiendo la relevancia de este tipo de tecnología para la economía y para el empleo en España, al tiempo que han solicitado que la transición hacia una movilidad alternativa se haga de una forma gradual y sin penalizar a ninguna tecnología.

Ante esta situación, el presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), Lorenzo Vidal de la Peña, asegura a Fleet People que no se puede hablar de la “muerte súbita” del diésel, aunque sí afirma  que está perdiendo cuota “a pasos agigantados”, pasando en dos años de representar el 75% de las ventas en España a contar con una cuota de menos del 40%, en una tendencia que, en su opinión, no parece que se vaya a invertir, “sobre todo, cuando se está demonizando esta motorización y se barajan subidas impositivas para equipararla a la gasolina”.

“Lo peor de todo es que, al ir en contra del diésel de manera generalizada, se está metiendo en el mismo saco a modelos eficientes como los que ya se enmarcan en la normativa Euro 6 que se pueden calificar de tecnología limpia e incluso emiten menos dióxido de carbono (CO₂) que los gasolina.

La forma de premiar a los que contaminan menos no es atacar deliberadamente una tecnología en concreto, echando por tierra toda la inversión que se ha hecho para conseguir motores más ‘verdes’, sino fomentar la renovación del parque”, subraya Vidal de la Peña.

En esta misma línea se manifiestan desde la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), al considerar “precipitado” que el Gobierno sentencie de forma pública a una tecnología como el diésel, “que está siendo usada por millones de españoles” y que forma parte importante de los vehículos que se producen en las fábricas españolas y que se vender en los concesionarios.

Por ello, la organización insta al Ejecutivo que lidere el proceso hacia la descarbonización de la movilidad de una forma progresiva, aportando una alternativa real para los ciudadanos y sobre todo iniciando las medidas con una renovación del parque automovilístico español, con una sustitución de los coches antiguos en circulación.

La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) también ha salido al paso de la polémica y ha solicitado igualmente “prudencia y moderación” a la hora de mandar mensajes sobre el final del combustible diésel, puesto que los actuales propulsores de gasóleo han alcanzado niveles de emisiones de óxido de nitrógeno (NOX) bastante similares a los de los gasolina, pero con unos niveles de emisiones de dióxido de carbono que son entre un 15% y un 20% inferiores.

Impacto económico

Desde el sector no solo se han limitado a pedir prudencia respecto a las declaraciones políticas, sino que han puesto en valor lo que esta tecnología aporta al balance económico español, así como en términos de empleo. La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) recuerda que en la actualidad 17 fábricas en España y 40.000 empleos “están directamente vinculados a la producción y venta de vehículos diésel”.

El vicepresidente ejecutivo de la asociación, Mario Armero, apunta que los fabricantes están preparados para adaptarse a las diferentes políticas sociales y medioambientales, aunque resalta que hace falta una “transición ordenada y una gestión adecuada” de dichos cambios. “Los automóviles actuales pueden considerarse de ultrabajas emisiones respecto a los de hace tres o cuatro décadas”, añade, al tiempo que señala que los coches de más de diez años que circulan por España emiten un 90% más de NOX y partículas que los actuales.

Mientras que el presidente de Anfac, José Vicente de los Mozos, alerta de las “graves consecuencias e implicaciones” que pueden tener sobre el empleo y la producción de coches en España las declaraciones del Gobierno sobre el diésel. “La incertidumbre solo puede provocar que perdamos oportunidades de nuevas adjudicaciones de modelos y, con ello, que nuestra industria se debilite gravemente”, sentencia.

No parece que ni los fabricantes ni el resto de actores del sector sean ajenos a que se está produciendo una transformación de la movilidad como se conoce en la actualidad hacia una más conectada, más compartida, más autónoma y con menos impacto sobre el medio ambiente.

Lo que sí es evidente es que los tiempos para llegar a ese objetivo son diferentes en función de si el que habla es un político o alguien del automóvil. Las previsiones de las marcas adelantan que se experimentará un significativo cambio en su mix de ventas en los próximos años, pasando de la cuota mínima que tienen en la actualidad de modelos eléctricos y de energías alternativas, a una de cerca del 25% a mediados de la próxima década.

Volkswagen contempla que un tercio de sus entregas mundiales de 2025 corresponda a modelos electrificados, mientras que Daimler invertirá 10.000 millones en los próximos años en electrificación, con el fin de contar con versiones electrificadas en todos sus modelos para 2022.

A pesar de que las marcas están apostando fuerte por un cambio de modelo de movilidad más eficiente, casi todas las previsiones contemplan que una parte muy relevante de las entregas de automóviles en la próxima década y en las venideras estará vinculada a motores de combustión interna.

Es por ello por lo que convendría iniciar un análisis realista y serio sobre las medidas públicas y privadas consensuadas que se pueden ir tomando para implementar una transformación hacia la movilidad sostenible, sin que se resientan la economía, los empleos o los balances de las compañías del sector.