El fabricante de vehículos General Motors pagará 220 millones de dólares para resolver las acusaciones legales que acusaban al fabricante vender de modo ilegal datos sobre el comportamiento privado y la ubicación de los usuarios a intermediarios relacionados con sus automóviles.
Estos intermediarios revendieron dicha información proporcionada por GM a aseguradoras, por ejemplo, que utilizaron los datos para crear y fijar perfiles y, en ocasiones, aumentar las tarifas que cobraban a los usuarios del grupo, según ha informado la agencia de noticias Reuters.
El acuerdo alcanzado deja en nada las demandas presentadas por los fiscales generales de 35 estados de EEUU y el Distrito de Columbia en relación con el programa Smart Driver del fabricante con sede en Detroit, que fue utilizado por millones de conductores entre 2016 y 2024.
Muchas de las personas que se inscribieron también fueron usuarios del servicio de navegación y diagnóstico OnStar de GM.
En este sentido, General Motors ha sido acusada al respecto de promocionar Smart Driver con el pretexto de ayudar a los usuarios a mejorar su seguridad al volante, para posteriormente violar su privacidad tras incumplir su promesa de no vender sus datos sin permiso.

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, ha resumido el asunto, de acuerdo con Reuters, señalando que «la gente compró un coche, no un dispositivo de seguimiento».
El acuerdo también exige que, a partir de ahora, General Motors limite la recolección de datos de conducción y obtenga el consentimiento expreso de los conductores antes de recopilar o compartir dicha información.
En enero de 2025, GM acordó con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos no revelar datos de geolocalización de vehículos ni información sobre el comportamiento de los conductores durante un período de cinco años.
Los 220 millones que ha acordado pagar el constructor de vehículos llegan después de que el grupo aceptara en mayo abonar una multa de 12,75 millones de dólares para terminar de modo amistoso con una investigación en California sobre la potencial venta de datos de conductores de vehículos de las marcas de la compañía a dos intermediarios diferentes.





