El origen de esta situación está en que el acuerdo posBrexit entre la Unión Europea y Reino Unido establece que, para acogerse a la exención de aranceles, al menos el 55% del valor de los vehículos eléctricos debe proceder de la Unión Europea o de Gran Bretaña.
Se establecieron, además, porcentajes del 65% para las celdas y módulos de baterías y del 70% para los paquetes de baterías para coches eléctricos.
En consecuencia, a los vehículos eléctricos que no cumplan con dichos requisitos se les deben aplicar aranceles de importación del 10%, pero Bruselas propuso a finales de 2023 un aplazamiento de tres años de esas normas.
Tras vencer dicho aplazamiento, las normas posBrexit que activan un arancel del 10% en el 70% de los modelos eléctricos de batería e híbridos enchufables comercializados con la UE debían entrar en vigor a partir de enero de 2027.
La Unión Europea se dispone ahora a aplazar un arancel del 10% sobre los coches eléctricos procedentes del Reino Unido y está consultando a los responsables de la industria automovilística sobre la forma adecuada de enfocar esta cuestión aduanera.
El pasado mes de junio, el principal lobby automovilístico de Gran Bretaña, la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT), advirtió de que los fabricantes de vehículos eléctricos tendrían que pagar 1.400 millones de libras (1.860 millones de dólares) en aranceles si no se alcanzaba una solución sobre los requisitos de contenido local.
Gran Bretaña y la UE son, de modo reciproco, sus mayores mercados de exportación de vehículos eléctricos.
Tanto Bruselas como en Londres tienen planes para eliminar los modelos de motores de combustión de modo progresivo en la década de 2030.







