Las empresas de flotas y renting de Reino Unido —el segundo mercado corporativo del continente con 813.000 vehículos matriculados en este canal en 2021— se encuentran ante una tesitura marcada por la incertidumbre en la hora de renovar sus vehículos con criterios sostenibles después de que el Ministerio de Economía haya anunciado el recorte temporal de la tarifa plana energética anunciada en el paquete de reformas fiscales que hace menos de un mes lideró la desde ayer ex primera ministra británica Liz Truss.
El anuncio del titular de Economía, Jeremy Hunt, de reducir desde dos años a seis meses el tope y coste fijo para el precio de la energía a 0,39 euros cada kilowatio hora, una de las medidas estrella que aplicó el Gobierno conservador dentro de su paquete de reformas —duramente criticado por los propios colegas del área de los ‘tories’— ha rodeado de incertidumbre a las compañías de renting y flotas del país, que señalan que los usuarios de vehículos eléctricos que no paguen un precio fijo no sabrán a qué atenerse dentro de seis meses.
Esto planteará dudas razonables en muchos clientes del sector, que ya han visto cómo en los últimos 12 meses se ha incrementado en más del doble el precio unitario de la energía.

“Al eliminar el tope en los precios de la energía a partir de abril de 2023, los conductores de vehículos eléctricos que aún no han fijado los precios con su proveedor se enfrentan a una clara incertidumbre respecto de cuánto costará enchufarlos en casa. Los precios mayoristas del gas siguen siendo volátiles, por lo que la reforma liderada por Hacienda debe realizarse rápidamente y proporcionar detalles de qué medida sustituirá al programa “Energy Guarantee Price”. De lo contrario, se corre el riesgo de disuadir a las personas de pasarse con confianza al vehículo eléctrico justo cuando este mercado está acelerando”, ha asegurado Matthew Walters, responsable del área de Consultoría de LeasePlan.
La situación coloca también a las empresas, no solo al usuario final, en una posición delicada “porque están esperando los detalles del apoyo futuro a los precios de la energía. No están protegidas por ese precio fijo que se había anunciado y siguen lidiando con una espiral en sus costes operativos, y el tope actual las protegería de mayores aumentos”, explica Walters.
La problemática se añade a la propia recarga del vehículo eléctrico por parte de las empresas, porque los postes de recarga públicos tampoco están adscritos al tope fijo de precio firmado por Hacienda.
“Hemos visto precios que alcanzan la libra por kilowatio hora (1,14 euros el kilowatio al cambio actual) en algunas redes de carga en las últimas semanas, un precio más que significativo no solo para las flotas que dependen de esta infraestructura, sino también para los usuarios privados que no tienen aparcamiento propio”, ha destacado el consultor de LeasePlan.

El suspenso o cambio en los últimos días de varias de las medidas de reforma fiscal que la ‘premier’ Liz Truss había anunciado a finales de septiembre, también plantea potenciales reducciones en beneficios que se daban ya por hechos por parte de las empresas del sector.
Por ejemplo, en la disminución en un punto, del 20% al 19%, del Impuesto Sobre la renta de las Personas Físicas anunciado por Truss.
De acuerdo con LeasePlan, ese recorte supondría una reducción del 5% en el pago directo derivado de los impuestos que se aplican a los beneficios en especie que abonan los conductores de vehículos de empresa en una región en la que el coche corporativo, articulado alrededor de un potente “salary sacrifice”, tiene una amplísima aceptación.
Esta reducción de un punto, equivalente a un 5% de descenso, beneficiaría a 300.000 usuarios de coche corporativo en Reino Unido, de acuerdo con LeasePlan, que se traducen en un ahorro de entre 57 y 114 euros para un vehículo híbrido, diésel o de gasolina.
El ministro de Economía británico ha asegurado que esta rebaja de un punto se pospone “de modo indefinido” bajo un entorno en el que los “Presupuestos de Emergencia” anunciados por Liz Truss en septiembre no parece que tengan mucho recorrido, a priori, al menos hasta el próximo 30 de octubre, fecha en la que se espera que el Ejecutivo consolide un anuncio definitivo sobre su plan fiscal para el futuro del país.