El Parlamento Europeo sellará este martes el acuerdo alcanzado el pasado octubre entre este organismo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo para prohibir la venta de vehículos de combustión interna en la Unión Europea (UE) en 2035, un contexto en el que la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) pide «indicadores claros» para monitorizar los avances hacia el vehículo eléctrico en la región.
La organización ha subrayado así la necesidad de que «todas las partes interesadas» trabajen juntas y de forma «urgente» para garantizar el acceso a las materias primas necesarias para la movilidad eléctrica y también para hacer que este tipo de coches sean asequibles para el mercado masivo.
ACEA también ha hecho hincapié en la necesidad de mitigar las consecuencias negativas en el empleo debido a esta transición y ha recalcado que los europeos deben poder cargar su vehículo eléctrico de «forma rápida y sencilla».
«En el contexto de la revisión de la regulación de dióxido de carbono (CO2) prevista para 2026, ACEA pide indicadores claros para monitorizar el progreso en todas estas áreas», ha señalado la organización.
En ese sentido, la directora general de ACEA, Sigrid de Vries, ha opinado que la industria automovilística europea está «a la altura» del desafío de suministrar vehículos de cero emisiones al mercado.
Según ACEA, debido a las «continuas inversiones» de la industria, en 2022 más de uno de cada cinco coches nuevos vendidos en la UE estaba electrificado, al tiempo que ha opinado que el mercado del Viejo Continente «está en camino» de tomar la delantera en esta transición a otras regiones del mundo en 2030, año en el que la organización calcula que los coches 100% eléctricos a batería superará el 70%.
«Todos los esfuerzos e inversiones de la industria automovilística están orientados hacia la movilidad de cero emisiones. Es esencial que todas las políticas y reglamentos de la UE se alineen con este objetivo y lo respalden», ha añadido Sigrid de Vries.
En ese sentido, ACEA ha insistido en que la propuesta actual de la normativa Euro 7, que plantea restringir las emisiones de los coches, furgonetas, camiones y autobuses, supone un «riesgo» para la transición hacia el vehículo eléctrico al derivar grandes inversiones hacia la mejora de los motores de combustión.
