La Guardia Civil ha desarticulado una presunta trama empresarial dedicada a hacerse con vehículos industriales mediante contratos de renting y leasing fraudulentos, con dos empresarios detenidos y un tercero bajo investigación judicial.
Los agentes han recuperado camiones, furgonetas y remolques valorados en más de 1,5 millones de euros, según ha informado el diario Estrella Digital.
Los investigadores atribuyen el esquema al empleo de sociedades pantalla y de documentación manipulada para acceder a camiones y furgonetas que continuaban en circulación pese a las cuotas impagadas a las arrendadoras financieras.
Una patrulla interceptó en octubre del año pasado una furgoneta denunciada como sustraída en Madrid que circulaba por Sanxenxo, y de esa primera pista arrancó toda la investigación.
El caso corre a cargo de la Unidad de Policía Judicial de Pontevedra junto con el Grupo GIAT de Tráfico y continúa abierto bajo la dirección de un juzgado de instrucción de Barcelona, ha precisado el medio digital.
Tras ese hallazgo aparecieron varias furgonetas en una nave industrial de las afueras de Pontevedra, propiedad de una constructora viguesa que se convertiría en pieza central del procedimiento.
Entre los vehículos recuperados figuran cabezas tractoras, semirremolques frigoríficos y furgonetas industriales, valorados en conjunto en más de 1,5 millones de euros y hallados en distintos puntos de Galicia y Murcia durante los primeros meses del ejercicio, según ha desglosado el rotativ.
Detenciones en tres localidades
En la fase última de la operación, ejecutada en mayo, los agentes apresaron en Pontevedra al principal investigado, administrador de varias sociedades de la presunta trama, y en Vigo al representante legal de la constructora en cuya nave habían aparecido parte de los vehículos.
Un tercer implicado quedó como investigado en Poio por su condición de administrador formal de otras empresas del entramado.
Durante los registros practicados en una nave industrial de Vigo y en un domicilio de Pontevedra, los agentes intervinieron contratos, dispositivos electrónicos, documentación mercantil, registros contables y comunicaciones digitales.
Ese material sigue bajo análisis y podría derivar en nuevas imputaciones conforme avance el procedimiento.
Uno de los frentes abiertos apunta a la posible conexión entre la trama y varias compañías del sector de productos congelados que habrían estado vinculadas con anterioridad a concursos de acreedores y a cierres empresariales con deudas pendientes, según las fuentes de la investigación citadas por la información.
