Un total de cinco empresas españolas del ámbito energético, de la movilidad y de la infraestructura de recarga se han sumado a una carta abierta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que solicitan que Bruselas mantenga intacto el calendario que prevé el fin de la venta de turismos y furgonetas con motor de combustión a partir de 2035, tal y como establece el actual marco regulatorio comunitario.
Entre las compañías españolas firmantes figuran Iberdrola, Cabify, Wallbox, Zunder y Basquevolt, que respaldan la misiva promovida por los lobbies E-Mobility Europe y ChargeUp Europe y a la que ha accedido Fleet People.
En total, la carta cuenta con la adhesión de alrededor de 200 empresas europeas vinculadas a la automoción, la recarga eléctrica, la energía y los servicios de movilidad, con la presencia de multinacionales como Volvo, Polestar, Ikea, Uber, Virta, Powerdot, EDP y ChargePoint.
La carta llega en línea con otra emitida recientemente a la Comisión Europea, y en dirección completamente opuesta, por 67 empresas y asociaciones del sector de la automoción, el renting y el alquiler de vehículos, entre ellas Arval y Ayvens, que han pedido a Bruselas que frene tanto la imposición de cuotas obligatorias de flotas eléctricas como una eventual aceleración de las exigencias regulatorias.
El debate europeo sobre flotas
En su misiva, las empresas firmantes de la carta impulsada por E-Mobility Europe y ChargeUp Europe sostienen que reabrir el debate sobre 2035 introduciría incertidumbre regulatoria y pondría en riesgo las inversiones ya comprometidas.
El documento señala que “debilitar o retrasar el objetivo de 2035 socavaría la confianza de los inversores y ralentizaría el despliegue de la movilidad eléctrica en Europa”.
Esta posición contrasta con la defendida por los operadores de renting y gestión de flotas que, en su carta a Von Der Leyen, sostienen que “los costes de adquisición, los gastos operativos y la insuficiencia de infraestructuras de recarga” siguen siendo los principales obstáculos para la electrificación en el ámbito corporativo, además de advertir de que imponer cuotas obligatorias podría resultar “económicamente inviable y contraproducente”.
Según esa misiva, forzar la electrificación de las flotas podría provocar efectos indeseados, como la prolongación de la vida útil de los vehículos actuales o una reducción directa de las matriculaciones en el canal corporativo, que representa entre el 50% y el 60% de las ventas de vehículos nuevos en la Unión Europea.
Mercado eléctrico de ocasión: contrastes
En cambio, la carta respaldada por las empresas españolas del ecosistema eléctrico integrada en el lobby verde subraya precisamente el papel de las flotas como «pieza clave» para el desarrollo del mercado de vehículo eléctrico de ocasión.
En el texto se recuerda que una parte significativa de los automóviles electrificados procede de contratos de renting que se renuevan a los dos o tres años, lo que permite ampliar el acceso al vehículo eléctrico a través del mercado de segunda mano.
Precisamente, este punto enlaza con una de las preocupaciones recurrentes del sector del renting, que ha venido reclamando medidas específicas para apoyar el mercado de ocasión joven en los planes de incentivos nacionales, una cuestión que sigue sin resolverse en España pese a las demandas del sector.
Este cruce de cartas se ha sucedido en el tiempo justo antes de que Bruselas aborde la discusión sobre los nuevos paquetes regulatorios que la Comisión Europea prevé presentar el próximo 16 de diciembre, y que incluirá medidas relacionadas tanto con los objetivos de CO₂ como con el papel de las flotas corporativas en la transición energética.
