La asociación del transporte urbano colectivo (ATUC) ha hecho una petición al nuevo Gobierno sobre el desarrollo de un Plan Nacional de Movilidad Urbana que establezca las bases de la movilidad sostenible en las ciudades españolas, y termine con el localismo con el hoy se aborda en exclusiva y elevándolo a cuestión de Estado, para que se ofrezca la misma dimensión al problema de la contaminación en el transporte público.
El proyecto respondería a los grandes cambios sociales que amenazan la sostenibilidad del sistema, como el aumento de la concentración urbana y el progresivo envejecimiento de la población, ya que el transporte público es un servicio de primera necesidad y pilar del estado del bienestar, como se ha puesto de manifiesto en el XXV Congreso Nacional de Transporte Urbano y Metropolitano.
La ATUC pone de manifiesto que el plan sea nacional, teniendo en cuenta que la gestión de la movilidad y del transporte público es competencia de los ayuntamientos, y siempre se han de valorar las particularidades y el tamaño de cada municipio. Para ello, el Estado tiene que tener una mayor participación, garantizar unos niveles de inversión y aumentar su peso en la financiación. Así como ordenar y acompasar las medidas de índole social y ambiental, tales como las bonificaciones sociales del transporte, el desarrollo de los planes en episodios de alta contaminación, etc.
Para la asociación el ejemplo en el que deberían basarse es el agua, un recurso que desde distintas instancias se pide que se aborde como un asunto de Estado y, por tanto, se lleve a cabo una acción política integradora y largoplacista.
Un proyecto en el que intervengan todos los actores
En el plan deberían participar los tres niveles de la administración, por su aportación a los recursos públicos que el sistema de transporte público requiere, y los ministerios de Fomento (transporte), Hacienda (financiación e inversiones), Transición Ecológica (cambio climático) y Sanidad (la contaminación como una de las primeras causas de mortalidad) que están involucrados.
Además, ATUC busca un enfoque más ambicioso por una mayor integración de todos los actores que intervienen en la cadena modal, garantizando así el desarrollo de unas políticas de consenso y a largo plazo, permitiendo que el transporte público, junto con otros medios de transporte sostenibles como la bicicleta o el car-sharing, sean la punta de lanza en la lucha contra la contaminación y el cambio climático en España
El Plan Nacional de Movilidad Urbana propuesto por la asociación tiene otro objetivo fundamental que es garantizar la capacidad de servicio debido a la multiplicación del número de usuarios de transporte público por las restricciones en el uso del vehículo privado, pero también por los cambios sociales que provocarán el envejecimiento progresivo de la población y la concentración urbana.
En la actualidad, el 19% de los españoles tiene más de 65 años, es decir, más de 8 millones que, según el INE, serán más de 11,5 millones en 2031. Al mismo tiempo, de acuerdo a las previsiones de Naciones Unidas, en 2030 el 40% de la población española se concentrará en 15 ciudades, por lo que será necesario apostar por el transporte colectivo frente al vehículo privado para garantizar la sostenibilidad de las urbes y evitar la escalada de la contaminación y congestión.
Un Plan Nacional de Movilidad Urbana
En la actualidad hay más de tres millones de españoles no usan el transporte público para sus desplazamientos habituales pero podrían empezar a hacerlo si se efectuaran actuaciones en aspectos tan básicos como la velocidad comercial o la frecuencia de paso. Y todos ellos son problemas de servicio que podrían subsanarse con un Plan Nacional de Movilidad Urbana, que desarrollaría medidas con los recursos necesarios para su ejecución.
Para ATUC, la primera piedra del Plan Nacional de Movilidad Urbana es el desarrollo de una Ley de Financiación del Transporte Público, para establecer un marco legal de ámbito estatal a la financiación del sistema, que requiere actualmente alrededor de 2.500 millones de euros de recursos públicos.
Esta ley establecería lo que cada nivel de la administración aporta a la financiación del sistema y, precisamente, en el modelo propuesto por ATUC se establece que el Estado y las comunidades autónomas eleven hasta el 30% su aportación, mientras que los ayuntamientos cubrirían el 25% y los ingresos por billete el 45% restante.
El secretario general de ATUC, Jesús Herrero, ha afirmado que “si el problema de la contaminación y la lucha contra el cambio climático es una cuestión de Estado, ¿por qué no lo es una solución coordinada por el transporte colectivo urbano? Si tanto se ha esforzado España en conectar por alta velocidad las capitales de provincia, ¿por qué no se da la misma importancia al transporte urbano que al interurbano?”.
