Les tengo que decir que siento envidia. Y no de la buena. Me ocurre con nuestros vecinos de Reino Unido. Fíjense ustedes el maremoto que se ha liado hace unos meses con la ex premier Liz Truss. Menuda movida. La reforma fiscal que anunció Truss ‘la breve’ en septiembre de 2022 le costó el puesto y, en el caso del mercado de flotas y coches de empresa, provocó también movimientos telúricos por la aplicación de una tarifa plana energética a dos años vista que fue congelada poco tiempo después.
Esa tarifa aportaba visibilidad a las empresas en la hora de concretar compras de vehículos sostenibles, al establecer un marco cristalino y fijo sobre el precio, directamente, de cargar un vehículo eléctrico.
Y eso se traduce en un cálculo fidedigno de una variante clave del coste total de utilización de un automóvil corporativo: el consumo.
Pero no iban por aquí, exactamente, los tiros de este artículo.
La cosa es que el ministro de Hacienda británico anunció en noviembre del año pasado que los coches eléctricos tendrán que pagar impuesto de circulación a partir de 2025. También, que se incrementará su carga fiscal BIK (Benefit in Kind, beneficio en especie) en un punto porcentual hasta ese año, y que esta será del 3% en 2026, del 4% en 2027 y del 5% en 2028. En este año es del 1%, y el pasado, del cero. La cifra no es menor, porque el automóvil como retribución en especie en UK se grava con un extra en función de las emisiones de entre el cero por ciento y el 37%.
Si un empleado conduce un coche de 25.000 euros, a este se le aplica la tasa BIK correspondiente. Si es de un 25%, por ejemplo, la de los coches que emiten 100 gramos de CO2, serían 6.250 euros.
A esa cifra se le aplica un adicional del 20%, 40% o 45% de IRPF particular del empleado —pongamos el 20%— y la cifra queda en 1.250 euros anuales o 104 euros mensuales, que es lo que la empresa debe declarar que paga el trabajador por el uso del coche.
Los operadores de renting y flotas de Reino Unido calculan que el alza anunciada por el ministro de Hacienda supondrá un encarecimiento mensual de unos 10 euros en las cuotas
Los operadores locales de renting y flotas calculan ya que el alza anunciada en noviembre por el ministro de Hacienda supondrá un encarecimiento mensual de unos 10 euros en el caso de los coches eléctricos. Pero tampoco se han quejado mucho porque, aunque paguen más, de nuevo conocen ya cuáles serán las reglas durante los próximos años. Claridad. Transparencia.
Quería yo decirles que todo esto responde a movimientos efectuados por las más altas instancias del Gobierno británico en un corto periodo de tiempo. Por los que mandan.
Aludiendo en su alocución pública, como lo hizo en noviembre y en primera persona Jeremy Hunt, el ministro de Hacienda, al sector del vehículo de empresa, a las flotas. En volumen, el mercado corporativo de Reino Unido es el segundo del continente europeo, con más de 800.000 turismos en 2021 y una cifra similar a la finalización del año pasado. Las ventas corporativas suponen el 48% del mercado, por el 52% del canal privado.
España superó el medio millón de matriculaciones a sociedades en 2021 —600.000 si se incluyen automatriculaciones y flotas propias—, con una cuota equivalente o superior a la británica que se ha mantenido durante el ejercicio pasado.
A lo que voy.
¿Por qué merece tanta importancia el sector corporativo, las flotas, para los británicos, y en España a duras penas han sabido cómo acogerse las compañías a los incentivos del Plan Moves para Flotas, o directamente no podían? ¿Se imaginan a un Hunt español aludiendo a este mercado corporativo, poniéndolo en valor, conociendo el paño de la movilidad empresarial?
Imagino que intuyen mi respuesta.
¿Se imaginan a un Hunt español aludiendo a este mercado corporativo, poniéndolo en valor, conociendo el paño de la movilidad empresarial?
Como suele ser norma en este santo país, lo nuevo, la promoción real, el benchmarking, nos pasa tanto por la izquierda como por la derecha. Porque lo enjundioso no es el vehículo eléctrico; es la nueva movilidad en la que este se inserta y cómo enganchar, como país, como Estado, a las miles de empresas y cientos de miles de autónomos para que puedan —porque quieren— adoptar la nueva ola sostenible.
Otros países han tomado nota, como lo han hecho siempre. Enuncian cambios en tasas, modifican big numbers, tocan de verdad la fibra empresarial, que se siente partícipe de un todo. Nosotros, a poner trabas a las empresas, que solo pueden trabajar en las nuevas Zonas de Bajas Emisiones en virtud de una autorización transitoria. Todo, por quítame allá esos 30.000 del ala que cuesta una furgoneta eléctrica. Por ejemplo.
Todo muy efectista, todo muy buenrrollista. Y si uno muestra disconformidad, son cosas de los floteros, ya saben.
Typical Spanish.
