La Alianza para la Innovación en Automoción (Alliance for Automotive Innovation) que representa a casi todos los grandes fabricantes del sector de automoción de Estados Unidos (Volkswagen, Toyota, GM e Hyundai, entre otros), ha pedido a la Administración de Donald Trump que rebaje los límites de emisiones de vehículos establecidos durante el mandato de Joe Biden y que implican un incremento sostenido en la producción de vehículos eléctricos.
El grupo empresarial ha remitido un escrito a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, Environmental Protection Agency) en el que advierte de que la legislación firmada por Trump en junio «eleva de facto» el precio de los eléctricos y puede provocar un retroceso inmediato en su cuota de mercado.
Según la entidad, las normas definidas en 2024 bajo la presidencia de Biden ya no resultan viables y requieren una revisión completa, además de asegurar que los nuevos estándares que entran en vigor en 2027 «no se pueden cumplir» ante las limitaciones de mercado, infraestructura de recarga, cadena de suministro y costes de producción.
Los objetivos fijados durante el mandato de Joe Biden contemplaban reducir en casi un 50% las emisiones —de escape, es decir, directas— de los turismos en 2032 respecto de los niveles proyectados para 2027.
La EPA estimaba, en este sentido, que entre el 35% y el 56% de los vehículos nuevos vendidos entre 2030 y 2032 tendrían que ser eléctricos para cumplir las metas regulatorias.
Incentivos fiscales en entredicho
La situación se complica con la expiración del crédito fiscal de 7.500 dólares —unos 7.000 euros al cambio actual— a la compra de eléctricos que entra en vigor de manera inminente, el 30 de septiembre, además de la posible pérdida del incentivo a la producción de baterías, valorado en unos 3.000 dólares anuales por vehículo (2.800 euros).
Los fabricantes han advertido de que este escenario afectará a compañías «que ya han invertido cientos de millones en tecnología eléctrica» y a toda la cadena de suministro vinculada.
El lobby ha subrayado que esta pérdida de apoyo financiero perjudica directamente la capacidad de mantener un ritmo de electrificación sostenido, a pesar de las inversiones ya realizadas y de los compromisos de descarbonización que las marcas habían incorporado a su estrategia industrial.
En julio pasado, la la Agencia de Protección Ambiental propuso retirar la consideración legal de que los gases de efecto invernadero «constituyen un riesgo para la salud humana», lo que eliminaría la base legal de la normativa estadounidense en esta materia y pondría fin a los límites actuales sobre las emisiones de los vehículos.
Partidos demócratas en el Congreso y organizaciones medioambientales han instado al organismo regulador a «mantener el marco vigente» y han pedido que no se reviertan las normas aprobadas en 2024.
Aun así, y contando con ello, la Alianza para la Innovación en Automoción sostiene que incluso si se mantiene la regulación, resulta «imprescindible reescribir las reglas de Joe Biden y fijar objetivos factibles» que ofrezcan más certidumbre al sector.
