La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam) ha acudido a la Comisión Europea (CE) para solucionar la «actual asimetría» en la relación que mantienen los fabricantes de automóviles y los distribuidores, al considerar que esta situación «choca contra la normativa de competencia».
La organización ha trasladado este planteamiento a la Comisión Europea en el marco del proceso de consulta pública abierto para revisar los acuerdos verticales y que expirará en mayo del año que viene, por lo que ha solicitado en Europa acotar a un 20% de su volumen total las ventas directas de las marcas.
Ganvam explica que el fin de estos acuerdos verticales llega en un momento en el que se están produciendo «cancelaciones masivas» de contratos de venta y posventa y también sentencias que reconocen la posición de dominio de determinadas marcas sobre sus redes de distribución.
Así, la asociación sostiene que las condiciones contractuales tienen un impacto en la competencia y defiende la necesidad de un marco regulatorio capaz de proporcionar seguridad jurídica a las inversiones que las redes de distribución se están viendo obligadas a acometer para adaptarse al nuevo entorno digital y a la venta ‘online’.
Por ello, aboga por que «acotar» el poder de los fabricantes, con el fin de que, si asumen parte del volumen de ventas, «redefinan las exigencias que imponen a sus redes y compensen las inversiones no amortizadas para no comprometer su futuro».
En este sentido, el director corporativo de Ganvam, Jaime Barea, apunta que los agentes de distribución deben recibir compensación por la inversión ya realizada en caso de cancelación y aprovechada por la nueva red de agentes, «una compensación que debe diferenciarse de la remuneración o comisión entregada como agente».
Desde la asociación también apuestan por reforzar la protección al distribuidor, a través de un control sobre los precios duales, permitiendo que haya diferencias en función del canal ‘online’ y ‘offline’, siempre que los distribuidores cuenten con unas condiciones de aprovisionamiento adecuadas, evitando que los fabricantes puedan vender ‘online’ al consumidor final a un precio que el distribuidor no pueda ofrecer usando el mismo canal.
«La normativa de 2010 debe actualizarse para dar respuesta a un contexto que ha cambiado las reglas del juego y en el que tendencias como la digitalización, la electrificación o la nueva movilidad transforman el modelo de distribución, pero no debe hacerlo debilitando todavía más la posición del distribuidor, ya mermada por la desequilibrada relación con la marca ante la ausencia de un marco regulatorio específico que lo ampare», explicó Barea.
