El presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), Gerardo Pérez, ha señalado que la prohibición de los despidos objetivos a determinadas empresas demuestra un «gran desconocimiento de la realidad empresarial».
«La prohibición de despedir hará que muchas empresas, particularmente las pymes, eviten llevar a cabo nuevas contrataciones, frenando el dinamismo que el mercado laboral necesita», ha explicado el directivo en declaraciones a Europa Press.
El Plan Nacional de Respuesta a la Guerra aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros prohíbe los despidos objetivos en las empresas que recurran a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para sortear la crisis y también para los que tengan causa en el incremento de los precios de la energía.
Pérez ha insistido en que en la actual situación se deberían tomar medidas que favorezcan la competitividad, tras los efectos de la pandemia, la invasión rusa de Ucrania y el impacto de la huelga de transporte.
Además, ha subrayado que no se debería «abusar» de este tipo de medidas que pueden afectar a la competitividad y el dinamismo, sin haberse discutido con los empresarios, puesto que la prohibición de realizar ajustes en las plantillas por causas justificadas como las económicas suponen una «irrupción» en el funcionamiento de las empresas.
Faconauto, la voz del sector
«Somos la voz de los empresarios de este país y tenemos que ser tenidos en cuenta ante este tipo de decisiones», ha recalcado.
Asimismo, el presidente de la asociación ha recordado que esta medida llega «en el peor momento para la automoción», con las matriculaciones de vehículos «en mínimos históricos» y sin que el sector haya podido salir todavía de la crisis provocada por la pandemia.
«Las decisiones unilaterales, como la que se tomó ayer, alejan al Gobierno de las empresas, en un momento en el que se necesitan nuevos consensos y acuerdos para que el país sortee con éxito la actual crisis», ha criticado.
Por último, ha querido enfatizar que el Gobierno debería estar solucionando el «problema estructural» del empleo en España, destacando que hay 109.191 vacantes sin cubrir debido principalmente al desajuste entre formación y empleo.
«La colaboración público-privada en este tema es crucial, la conversación profunda entre gobierno y empresarios no se está dando y urge abordar este asunto. La prohibición de despedir enmascara el problema estructural de la adaptación del mundo laboral a los nuevos retos económicos», ha reiterado.
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