La primera edición del Plan PIVE, de incentivo a la compra de automóviles nuevos a cambio de achatarrar uno de más de 10 años de antigüedad, se puso en marcha a mediados de octubre de 2012. Transcurridos casi tres años desde el pistoletazo de salida de esta medida orientada a renovar el parque automovilístico nacional, los resultados positivos son visibles, como la retirada de la circulación de modelos antiguos, menos seguros y más contaminantes, así como el impulso al sector del automóvil y al conjunto de la economía española, gracias a las mayores matriculaciones y el aumento de la recaudación de impuestos por el crecimiento del volumen del mercado automovilístico interno.
A pesar de que los efectos de este programa de achatarramiento de vehículos antiguos son evidentes, a lo largo de las ocho ediciones del PIVE se han alzado diferentes voces reclamando la inclusión de otros canales de mercado en el plan, como por ejemplo el renting o los vehículos usados, y también la extensión de este tipo de medidas de estímulo a otras ramas, como los bienes de equipo o los electrodomésticos, por citar algunos ejemplos.
En el caso concreto del renting de vehículos, desde el inicio de la crisis y de la puesta en marcha del primer PIVE, las principales organizaciones, la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) y la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR), así como las compañías del sector intentaron reclamar el hueco de los vehículos adquiridos en régimen de renting como modelos susceptibles de ser beneficiarios de las ayudas a la compra. Dichas organizaciones y compañías consideran que dejar fuera a este tipo de automóviles supone un paso atrás a la hora de impulsar el rejuvenecimiento del parque automovilístico nacional, principal objetivo que alega el Gobierno para lanzar el PIVE.
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Teniendo en cuenta la demanda agregada, el Estado ha recaudado 500 millones de euros con el último Plan PIVE a través de IVA e Impuesto de Matriculación
No obstante, los interlocutores del Ejecutivo con los que se ha comentado esta posibilidad, pertenecientes tanto al Ministerio de Industria, Energía y Turismo como al de Hacienda y Administraciones Públicas, nunca han mostrado mucha sintonía con dichas propuestas y siempre han apostado por que los incentivos a la adquisición de vehículos a cambio de achatarrar uno antiguo de más de 10 años se circunscriban únicamente al entorno de la compra directa de modelos nuevos, dejando fuera tanto al renting como a los coches usados de menos de cinco años de edad.
El argumentario del sector
Desde el punto de vista de empresas y asociaciones del renting en España, no hay motivos para no abrir el grifo de las subvenciones al área de los vehículos de alquiler a largo plazo con servicios añadidos y argumentan que, con su exclusión, la Administración está limitando que los clientes y los usuarios disfruten de libre elección a la hora de escoger con quién financiar la adquisición de su coche.
Además, consideran que hacer que el renting se pueda acoger al Plan PIVE tendía un efecto beneficioso tanto para el sector como para el conjunto de la economía, ya que impulsaría la demanda en un canal de mercado en el que se garantiza una renovación temprana del vehículo y que tiene un peso importante en el total de matriculaciones de automóviles en España. La consejera delegada y directora general de Arval en España, Cecilia Boned, asegura, en declaraciones a Fleet People, que la incorporación del renting a dichas ayudas a la compra contribuiría a mostrar a colectivos como las pymes y los autónomos las ventajas de esta fórmula, a través de la que se adapta el coste al perfil y las necesidades de cada empresario y favorece el control presupuestario, ya que se incluyen todos los gastos derivados del coche en una única cuota mensual deducible.
Además, señala que contemplar este área de negocio en el PIVE contribuiría “realmente” a que tanto pymes como autónomos se plantearan el alquiler como una solución de movilidad y también supondría una mejora de la calidad del parque rodante en términos de seguridad y medio ambiente, puesto que en el renting los coches se renuevan cada cuatro años después de llevar un mantenimiento óptimo.
“La Administración debe ser consciente de la necesidad de facilitar a pymes y autónomos el camino para descubrir nuevas fórmulas de financiación que hagan más rentables sus negocios”, añade Boned.
Por su parte, el presidente de la AER, Agustín García, recuerda a FP que el año pasado se logró un avance a la hora de que el beneficiario de las ayudas a la compra de vehículos eléctricos pudiera ser el arrendatario, es decir, el cliente de las compañías de renting, a pesar de que no es el titular del vehículo.
Así, subraya el directivo que el sector al que representa pretende repetir este patrón en el caso de los planes PIVE, de forma que los derechos y obligaciones los tuviera que cumplir el arrendatario.
En su opinión, la inclusión del renting en los planes PIVE conseguiría la formalización de operaciones con una vida media de cuatro años, con lo que los fabricantes e importadores de vehículos saldrían beneficiados.
Además, resalta que en este canal de mercado se matriculan más vehículos fabricados en España que en el resto del mercado, por lo que también saldrían beneficiadas las marcas con implantación industrial en España, con el consiguiente efecto positivo sobre el empleo nacional.
Argumentos para el no
A pesar de los sólidos argumentos aportados tanto por las asociaciones como por las firmas de renting, el Gobierno nunca ha mostrado mucha receptividad a la hora de incorporar esta fórmula de financiación a las ayudas del PIVE, ya que su objetivo primordial es incentivar la adquisición de coches nuevos por parte de clientes particulares y con ello retirar de la circulación modelos antiguos menos seguros y con mayor impacto sobre el medio ambiente. No obstante, una de las principales bazas que ha jugado el sector del automóvil en la hora de luchar por el lanzamiento y posterior continuidad del PIVE, ha sido que, además de mejorar la seguridad vial y la calidad del aire, también tiene un retorno positivo para las arcas del Estado, en términos de aumento de la recaudación por impuestos como el IVA o por el consumo de carburante.
Así, en el caso de que se hiciera que los vehículos de renting pudieran solicitar las ayudas del Plan PIVE, ello permitiría un retorno positivo en términos de aumento del consumo de combustible, pero no se incrementaría la recaudación por IVA, ya que los coches ya habrían pagado dicho impuesto y éste se puede deducir por parte de compañías y autónomos.
Esta ha sido la principal traba que se han encontrado el renting y los vehículos al negociar con la Administración su parte del pastel del PIVE.
Fuentes cercanas a las negociaciones con el Gobierno explican a FP que durante las reuniones con los diferentes ministerios involucrados en los fondos de los planes PIVE se intentó que tanto los coches de ocasión de menos de cinco años como los de renting tuvieran su hueco en los incentivos, pero desde el Ejecutivo no se mostraron muy dispuestos, ya que no tenían muy claro cuál era el beneficio sobre el consumidor final. Por ello, aseguran que se decidió seguir apostando por lo que ha estado funcionando, como han sido las subvenciones directas a la compra, a pesar de que se realizaron varias propuestas, entre las que se contemplaban menores incentivos y la limitación del retorno del vehículo.
Según explica a Fleet People el director general de ALD Automotive, Pedro Malla, el Plan PIVE fue ideado desde sus inicios por el Gobierno como una medida de incentivo para los clientes particulares, por lo que nunca se ha mostrado muy dispuesto a abrirlo a pymes y autónomos. En su opinión, esta es una posición “injusta” y afirma que el renting ha demostrado ser una solución válida y rentable para la movilidad empresarial, al igual que lo sería para los clientes particulares en el caso de que se incluyera en el Plan PIVE.
Malla se muestra a favor de la apertura hacia el sector del renting de este programa que hasta ahora sólo se fija en la compra directa de coches nuevos y resalta la labor que tiene que jugar la AER para convencer al Ministerio de Industria de la importancia de llevar a cabo dicha modificación en las condiciones actuales del plan.
“Contar con un servicio de renting supone tranquilidad. Los particulares se evitarían estar pendientes de aquellas gestiones que tanto tiempo nos suponen y que para la mayoría representan quebraderos de cabeza”, apunta.
Dejando a un lado los intereses particulares del sector del renting por su inclusión en el PIVE, como el aumento de su facturación por el mayor número de clientes que llegarían motivados por las subvenciones, así como los del Gobierno, y como la mejora de la seguridad vial y del medio ambiente y el incremento del retorno de esta medida sobre las arcas del Estado, es evidente que la adaptación de este plan ayudaría a salir de forma definitiva de la crisis a un canal de mercado con un gran peso para el sector del automóvil en España.
El renting cuenta con una gran representación sobre el conjunto de las matriculaciones de vehículos en el mercado español, con unas cifras que hablan por sí solas.
Durante el pasado ejercicio, las empresas de renting de vehículos en España registraron un volumen de ingresos de más de 3.600 millones de euros, mientras que sus inversiones en compra de vehículos superaron los 2.600 millones de euros, de acuerdo con la AER.
Tampoco tiene hueco en el PIVE 8
El pasado 14 de mayo, el Gobierno aprobó la octava edición del Plan PIVE, que puede ser la última de la legislatura, para unos, y de la historia, para otros. A diferencia de versiones anteriores, el actual PIVE, dotado con un presupuesto de 225 millones de euros, cuenta con varias modificaciones, entre las que se encuentra la reducción a 1.500 euros (750 por parte de los fabricantes y 750 euros de fondos públicos) de la cuantía de las ayudas, con régimen general, mientras que la subvención a familias numerosas y discapacitados es de 3.000 euros. Además, el plan actual recoge las variaciones ya introducidas con el PIVE 7, como la obligatoriedad de que el coche entregado para su achatarramiento tenga superada la ITV y que el beneficiario de la ayuda sea el dueño del coche a desguazar desde al menos un año.
Las previsiones del Gobierno contemplan que la rebaja del importe de los incentivos de esta octava edición del programa sirvan para ampliar el período de vigencia, con la intención de que no haya que poner en marcha otro antes de finales de año y, por lo tanto, antes del fin de la Legislatura. Según Anfac, el Plan PIVE 8 tendrá un impacto sobre la economía española de 3.400 millones de euros y permitirá la sustitución de hasta 300.000 vehículos antiguos, menos seguros y más contaminantes por otros nuevos, con un ahorro de combustible derivado de 164 millones de litros.
