lunes 5, enero, 2026

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Japón estudia gravar los coches eléctricos y enchufables para compensar la caída de ingresos por carburantes

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El Gobierno de Japón estudia la creación de un nuevo impuesto dirigido a los vehículos eléctricos y a los híbridos enchufables que se aplicaría a partir de mayo de 2028, según una información adelantada por el diario económico Nikkei y recogida por Reuters que señala que esta medida añadiría una tasa específica vinculada al peso del vehículo sobre el denominado como ‘impuesto de tonelaje’ que ya se abona en el país.

Las autoridades japonesas analizan esta posibilidad ante la perspectiva de que los ingresos destinados al mantenimiento de la red viaria se reduzcan en la medida que aumenta la proporción de automóviles eléctricos en circulación.

Este tipo de vehículos —eléctricos y enchufables— no genera contribuciones procedentes de los impuestos sobre combustibles, una fuente tradicional de financiación para infraestructuras en Japón y en otros mercados.

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Reuters ha señalado que el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Transporte estudian de modo conjunto «el diseño final del gravamen y su impacto» en la transición hacia modelos de bajas emisiones.

La propuesta sería incluida en el paquete fiscal del próximo ejercicio, aunque su aplicación efectiva no se produciría hasta 2028.

Contexto regulatorio y efectos potenciales

Japón ha impulsado en los últimos años una estrategia de electrificación progresiva basada en el mantenimiento del motor de combustión con tecnologías híbridas, mientras avanza en el despliegue de vehículos eléctricos puros.

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El país ya aplica un sistema de impuestos que combina cilindrada, emisiones y peso, y ha utilizado estos instrumentos para incentivar las ventas de vehículos más eficientes en el país.

Hay que recordar que países como Estados Unidos, Australia o Noruega han discutido medidas similares a la que prevé aplicar japón, centradas en gravar el uso o el peso de los vehículos eléctricos para compensar la menor recaudación por combustibles fósiles.

En Japón, el Gobierno ha afirmado de modo explícito que el mantenimiento de la red de carreteras «requerirá de nuevas fuentes de financiación si continúa la transición hacia el vehículo eléctrico».

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